¿Quién vigila a los vigilantes?

¿Quién vigila a los vigilantes?*

Quis custodiet ipsos custodes? se preguntaba el poeta latino Décimo Juvenal. Dos milenios después, la respuesta sigue sin estar clara. Ya desde el surgimiento de las primeras comunidades humanas, el Derecho ha tratado de evitar que las personas recurrieran a la violencia para solucionar sus diferencias. Tal es la importancia de dicha función que muchos autores - desde Platón hasta Max Weber- ligan indisolublemente el concepto de Estado a la concurrencia del llamado “monopolio de la violencia”, de tal modo que consideran que, sin el segundo, el primero no puede existir.

Grosso modo, el “uso legítimo de la violencia” es el principio por el que, en caso de conflicto,  los ciudadanos renunciamos a tomarnos la justicia por nuestra mano, y nos sometemos a una entidad superior –en nuestro caso el Estado– al que reconocemos la facultad de ejercer la violencia para que así pueda proteger nuestros derechos eficazmente. Así pues, armamos y reconocemos la autoridad de nuestras fuerzas públicas –policía, militares– en la confianza de que utilizarán ese poder para proteger la ley.

Pero ¿qué sucede cuando las fuerzas públicas abusan de dicha confianza? ¿Quién vigila entonces al vigilante?
Szczecinek, Pomerania Occidental. Noche del 3 de octubre de 2014. Dos varones de aproximadamente veinte años se encuentran en un parque. Hacen ruido y un vecino avisa a la Policía Municipal (Straż Miejska). Dos agentes del cuerpo se personan en el lugar y solicitan la documentación a los chicos. Uno de ellos no la lleva consigo. Los agentes rellenan un documento y le exigen que lo firme. Ante la negativa del joven, la emprenden a golpes con él. Emplean asimismo espráis de gas pimienta, causándole graves lesiones. Toda la escena queda registrada en el teléfono móvil de la víctima. 

Cartagena, Murcia. 5 de octubre de 2014. Seis jóvenes miembros del Cuerpo Nacional de Policía son detenidos por su relación con la muerte de un hombre cuyo cuerpo apareció, con evidentes signos de violencia, flotando cerca de la playa. De la consiguiente  investigación se desprende que, justo antes de desaparecer, el hombre había llamado a la Policía. Sus vecinos le acusaban de haberles robado una bicicleta, y temía represalias. Los seis agentes se presentaron en su casa, y le hicieron subir al coche patrulla, conduciéndolo a continuación al puerto. Fue la última vez que se le vio con vida.

Independientemente de las graves consecuencias que ambos hechos deberán acarrear a sus autores, y de que estos o parecidos casos constituyan excepciones, y no deban por tanto empañar el buen trabajo que en general realizan las fuerzas de seguridad, lo cierto es que ningún ciudadano está nunca totalmente a salvo del uso arbitrario de la fuerza. Esto aplica igualmente a vigilantes privados, porteros de salas de fiesta y similares, cuyas extralimitaciones no son, por desgracia, infrecuentes. Por tanto, si en alguna ocasión nos encontráramos en un caso similar, conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones.

En primer lugar, nuestra integridad corporal es siempre prioritaria. Por ello, debe evitarse la confrontación directa con los agresores, no cayendo en las provocaciones que puedan mediar. Debemos mantenernos, en la medida de lo posible, a distancia física de ellos. Es buena idea acercarse a donde se encuentren otras personas. Su presencia puede tener un importante efecto disuasorio y, en cualquier caso, podrán testificar en el futuro.

En principio, el ciudadano tiene derecho a que los agentes se identifiquen. No obstante, si la situación está tan fuera de control que dicha petición puede suponer un riesgo añadido, es recomendable tomar nota mental de todos los detalles posibles: apariencia física de los agresores, su número, matrícula del vehículo, etc… cualquier cosa que nos ayude a identificarlos posteriormente.

Si se nos tratase de obligar a firmar algún documento, puede escribirse “no conforme” en el mismo. Incluso en un idioma diferente al de las personas que nos hostigan. Cualquier cosa podrá ayudar para demostrar en el futuro que el documento se firmó bajo coacción. En general, si ello es posible, es muy recomendable constituir pruebas de lo que está sucediendo. Grabar un vídeo con el teléfono móvil, tomar los datos de las personas que lo hayan presenciado, etc… 

Por último, una vez fuera de peligro, el hecho debe ponerse inmediatamente en conocimiento de las autoridades. Para ello, es muy conveniente contar con asistencia letrada de garantía. Nuestro abogado, ya sea de oficio o privado, será siempre el mejor garante de nuestros intereses.

* Artículo publicado en POLSKA VIVA de septiembre de 2014.