Adquisición de inmuebles en España por ciudadanos polacos

 

La Costa del Sol, la Costa de la Luz, la Brava o ambos archipiélagos – Canario y Balear – y, en general el restante litoral español resultan cada vez más tentadores para los ciudadanos de Polonia, que cada vez con mayor frecuencia, deciden acometer tal inversión, El obtener un bien de estas características en tu país no supone mayor complicación, pero, ¿qué ocurriría si por ejemplo eres un polaco enamorado de estos paisajes y de la paella, y deseas invertir?, ¿hay que pagar los mismos impuestos?, ¿existirán ciertas complicaciones extras?

 

Lo cierto es que invertir en bienes inmuebles, y máxime si se realiza en un país extranjero, es una decisión que se debe madurar y meditar, pero en el supuesto de que finalmente nos decidamos a llevarla a cabo, se nos van a plantear una serie de cuestiones relacionadas con el proceso a seguir.

 

La primera de ellas: qué necesitaremos para realizar en España una inversión mediante la compra de bienes inmuebles, por primera vez. Pues bien, será requisito indispensable contar con el llamado NIE - Número de Identificación de Extranjeros-, un número personal cuya obtención se tramita ante las oficinas de extranjería o bien ante las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno. Una vez que se materializa la compra, ¿qué ocurrirá con los impuestos? Tanto nacionales como extranjeros que deseen realizar inversiones en España tendrán que pagar algunos impuestos y gastos asociados a la compra del bien inmueble, como por ejemplo el IVA- si bien es de primera adquisición-, o con el ITP – Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en el resto de los casos-, así como la plusvalía municipal, los actos jurídicos documentados, los gastos derivados de la notaría, gestoría y del registro, otros como el IBI- Impuesto sobre Bienes Inmuebles-, o el IRNR- Impuesto de la Renta de los No Residentes- , en general todos aquellos derivados de la compra del bien. Estos impuestos, serán de carácter obligatorio para todos los inversores, y no dependerán de su nacionalidad.

 

Otro elemento presente, que genera ciertas incertidumbres, será la duda de a qué entidad bancaria tendremos que acudir para solicitar la futura hipoteca que nos ayudará a hacer frente a nuestra próxima inversión. Atendiendo a la Ley de Extranjería, no hay ninguna indicación sobre ello, de tal manera que nuestra elección podrá ser totalmente libre, escogiendo una entidad financiera de nuestro país, o incluso una con sede en España; las cuales ofrecen hipotecas destinadas de forma específica a los extranjeros no residentes en el país.

 

En definitiva, se trata de un procedimiento no exento de complicaciones para ciudadanos de Polonia que no estén familiarizados con las espcificiadaes de los sistemas legales y financieros de España. Por tanto, contar con la ayuda de un despacho de abogados con sede en Polonia y en España como Varés & Asociados podrá resultar de gran interés, al eliminar por completo cualquier riesgo no deseado asociado a la inversión.

Sustracción de menores en Polonia: se avecinan buenos cambios.

 

Aquellos padres -independientemente de su país de origen- que han tenido la desgracia de ver cómo sus hijos eran sustraídos de su lugar de residencia habitual y llevados a Polonia por el otro progenitor habrán podido comprobar la muy defectuosa aplicación que del Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 1980 han venido haciendo las autoridades judiciales polacas: retrasos de años en procedimientos que no deberían superar las seis semanas, problemas para obtener un derecho de visitas a los menores en tanto se sustancia el procedimiento o abracadabrantes sentencias casi siempre a favor de su propio nacional han venido siendo la lamentable tónica habitual en estos casos.

 

Sin embargo, estas prácticas pueden tener los meses contados: parece que el Gobierno polaco, preocupado por el negativo impacto que las mismas tienen sobre la reputación internacional del país, finalmente ha decidido tomar cartas en el asunto. Así, el pasado 26 de enero se aprobó la “Ley de ejecución de medidas del órgano central en asuntos legales familiares basados en derecho de la Unión Europea y en tratados internacionales” (ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych), que entrará en vigor el próximo 27 de agosto.

 

Una de las premisas de la nueva ley es la búsqueda de una mayor conformidad de las sentencias emitidas con la letra del Convenio. Hasta la fecha, uno de los principales problemas con que se encontraban los demandantes de retorno de menores sustraídos era la duración –hablamos de años- de un procedimiento que, como se ha indicado, no debe extenderse más allá de las seis semanas desde su inicio (art. 11). El primer efecto de este inconcebible alargamiento de los plazos por parte de los jueces encargados –permitida por la desidia de sus órganos de control- es que, al permitir el transcurso de ese tiempo, los menores acaban desarraigándose de sus países de origen, y estableciendo vínculos con su nuevo lugar de residencia. Esa circunstancia es a continuación aprovechada por los sustractores para argumentar que un eventual retorno al Estado de origen podría suponer un riesgo para la salud psíquica del menor (art. 13b del Convenio). Este mecanismo perverso es la causa de que entre el 85 y el 90% de las solicitudes de devolución de menores a Polonia sean rechazadas. Ahora, la Ley de 26 de enero viene a modificar el art. 569 párrafo 2 de la Ley de enjuiciamiento civil polaca en el sentido de establecer específicamente que los Juzgados de Distrito tendrán un plazo de seis semanas desde la presentación de la solicitud para decretar el retorno. El plazo para resolver una apelación a dicha resolución tampoco podrá superar las seis semanas.

 

Otra de las fallas evidentes en la aplicación por Polonia del Convenio de La Haya es la falta de especialización y formación de los jueces. Cualquier letrado que se haya dedicado al Derecho de familia en Polonia habrá podido observar la inercia mecánica -veinte años divorciando a gente todos los días pueden efectivamente hacer perder la perspectiva a cualquiera-. con la que se desempeñan muchos jueces y magistrados de dicha materia. De tal modo, sucede que cuando se asigna a un juzgado un asunto tan urgente como la sustracción internacional de un menor, casi siempre los jueces los “echan al montón” con el resto de casos, y los tratan como uno más. La Ley de 26 de enero de 2018 quiere terminar con esto, agilizando los procedimientos al establecer un mayor grado de especialización en los órganos judiciales competentes en este tipo de casos. Así, tras su entrada en vigor, los juzgados de primera instancia serán los regionales (no los de distrito como hasta la fecha), y los de segunda, el Tribunal de Apelaciones de Varsovia. Asimismo, se prevé que los jueces encargados reciban cursos de capacitación que les permitan una mejor aplicación del Convenio

 

Por último, se designa como órgano central a efectos de lo previsto en el Convenio al Ministerio de Justicia, que deberá actuar con prontitud y diligencia. Asimismo, la ley prevé una ampliación de las competencias de la policía de cara a la localización de los menores secuestrados.

 

Aunque la entrada en vigor de esta norma no podrá ya reparar el enorme daño causado a progenitores de todo el mundo que se han visto perjudicados por la mala aplicación que del Convenio han venido haciendo los órganos judiciales polacos, sí permite albergar mayores esperanzas a aquellos que deban enfrentarse a tan terrible situación en el futuro próximo.

 

Primavera, el momento de la declaración del PIT (Impuesto sobre la Renta) en Polonia

Por fin ha salido el Sol en Polonia, lo que augura la llegada de la primavera, diciendo adiós al frío invierno. Con esta estación, llegan las barbacoas a las orillas del río Vístula los domingos, las altas temperaturas, los picores de nariz alérgicos, y cómo no el momento de realizar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF, que en Polonia se conoce como  PIT – Podatek Dochdowy od Osób Fizycznych-.

 

Pues sí, llega ese instante, para algunos incluso temido, en que nacionales y extranjeros que obtengan beneficio en Polonia tendrán que declarar ante el Estado polaco.

 

En artículos anteriores ya hemos hablado de tributación en Polonia y de la existencia de un convenio entre nuestros países   que evita al contribuyente una tributación doble. En esta ocasión, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre la preparación de la citada declaración. Como es sabido, la legislación polaca obliga a las personas que tienen residencia fiscal en el país, pero obtienen rendimientos del trabajo también en otros países, a declarar en Polonia dichos ingresos. En cuanto a los extranjeros que trabajan en Polonia, estarán de igual modo obligados a declarar sobre sus ingresos desde el momento en el que adquieran la residencia fiscal en dicho país. Aunque existen diversos criterios, esto ocurre cuando pasan en Polonia al menos 183 días en un año.

 

En primer lugar, los contribuyentes recibirán la documentación mediante correo ordinario, y, al contrario que en España, las autoridades tributarias no entregarán un borrador previo con información detallada.

 

El proceso consiste en la cumplimentación de la documentación requerida y, para ello se tendrá que elegir uno de los diferentes formularios que podemos encontrar en la página web del Ministerio de Economía, adecuados a los ingresos que queramos declarar, siendo el más común para los empleados por cuenta ajena el modelo PIT 11.

Una de las peculiaridades del CIT polaco -también sucede en España, en un porcentaje menor- será la posibilidad de que el sujeto pasivo del impuesto -nosotros- elija el destino del 1% de nuestro impuesto. Dicha cantidad se invierte en fines sociales y de interés general de diversa índole a elección del declarante: apoyo a personas enfermas, cuidado y protección de animales, impulso de actividades culturales o desarrollo del deporte. Por ello, cuando llegan estas fechas, cientos de ONG publicitan sus actividades,

 

En definitiva, se trata de un trámite no exento de complicaciones para aquellos que no tienen especial práctica con él. Por ello recuerda desde nuestro despacho podemos asesorarte y resolver las dudas que te suscite este proceso.

Varés & Asociados, en "El Toque"

JUAN ANTONIO GODOY: HACE TIEMPO QUE DEJÉ DE SENTIR VÉRTIGO AL ACEPTAR CASOS COMPLICADOS

Inversión española en Polonia en 2016

El pasado mes de septiembre de 2016, la Oficina Económica y Comercial de España en Polonia publicó un informe cuyo objeto era el análisis de la evolución y composición de la Inversión Directa Extranjera (IDE) en Polonia procedente de España para el periodo 2011-2015. 

 

Sus conclusiones son llamativas: 

España es el 5º inversor extranjero en Polonia (con más de 10.000 millones de euros de inversión), estando presente sus empresas en multitud de sectores.

Su actividad contribuye al crecimiento económico del país mediante la generación de en torno al 1% del PIB polaco, el pago de impuestos y cotizaciones sociales (más de 200 millones de PLN anuales tan sólo en contribuciones a la Seguridad Social), la contratación y formación del personal local que se beneficia, a su vez, de salarios muy superiores (en un 81,4%) a la media percibida en el país.

Además, los ingresos generados por su actividad son, en buena medida, reinvertidos para contribuir a perpetuar sus negocios en Polonia (más del 25% de los ingresos obtenidos en el periodo 2011-2014).

En efecto, según datos del Banco Nacional de Polonia (NBP, por sus siglas en polaco), recogidos en el citado informe, a finales de 2014 el stock de inversión española en el país ascendió a 46.139,1 de millones de PLN (10.824,9 millones de euros), situando a España como el 5º máximo inversor en Polonia aunque muy por detrás de los principales inversores, Países Bajos y Alemania, cuya IDE se sitúa en torno a los 120.000 millones de PLN (28.000 millones de euros). En el año 2011, el flujo de inversión sufrió un importante aumento como consecuencia de la adquisición del BZ WBK (actualmente el tercer banco polaco por número de activos) por parte del Grupo Banco Santander (inversión superior a los 4.000 millones de euros). Desde entonces los flujos de inversión anuales se han mantenido aunque cabría mencionar la desinversión que tiene lugar en 2013 (en cierta medida por la venta por parte de Iberdrola de sus activos) que se revierte en 2014.

 

Durante el periodo, de media se ha dedicado un 46,8% de los ingresos a pagar dividendos, mientras que un 25,8% ha sido reinvertido y el resto ha ido a satisfacer los intereses de la deuda1. Si comparamos el destino de los ingresos de la IDE de las empresas españolas en relación con las empresas del resto del mundo, observamos que las españolas dedican un mayor porcentaje de los ingresos obtenidos a los intereses de la deuda que al reparto de dividendos (destino de la mayor parte de los ingresos generados por empresas de terceros países) o la reinversión en relación al resto de empresas extranjeras durante el periodo 2011-2014. Con carácter general, este dato resulta acorde al mayor nivel de endeudamiento de las empresas españolas frente al resto de países de la zona euro (en torno a 15 puntos por encima) incluso tras el desapalancamiento que se observa desde 2012. 

 

Empresas españolas: datos destacados 

 

Según datos de la Agencia Polaca de Inversiones (PAIiIZ, por sus siglas en polaco) hay más de 700 empresas españolas instaladas en Polonia. Las empresas españolas están presentes en Polonia en numerosos sectores, entre los que destacan las finanzas, las TIC, construcción e infraestructuras, la automoción y la energía, muy particularmente las energías renovables. 

 

En 2015 la cifra de negocios generada por las mencionadas empresas superó los 15.600 millones de PLN (3.728 millones de euros), situándose por encima de los 45.000 millones de PLN (10.755 millones de euros) en el conjunto del periodo 2013-2015, lo que representa entre el 0,86% y el 0,9% del PIB polaco. Para lograr esta cifra de negocio las empresas cuentan con una mano de obra de en torno a 20.000 empleados de los cuales casi el 100% son trabajadores locales. Los sueldos medios pagados por las empresas españolas, a pesar de haber descendido en los dos últimos ejercicios (un 8,3% acumulado), representan un 81,4% más del sueldo medio pagado en el país, es decir, prácticamente duplican ese sueldo medio. Por su parte, las aportaciones de empresas españolas realizadas a la Seguridad Social polaca (ZUS por sus siglas en polaco) correspondiente a la masa salarial de estos trabajadores asciende a más de 200 millones de PLN (47,8 millones de euros) al año,

 

EVOLUCIÓN DE LA LITIGIOSIDAD EN ESPAÑA Y EN POLONIA

EVOLUCIÓN DE LA LITIGIOSIDAD EN ESPAÑA Y EN POLONIA

 

Una de las características que comparten los sistemas judiciales de España y de Polonia es un elevado índice de litigiosidad, que a menudo supone un reto para las capacidades materiales y personales de la Administración Sin embargo, analizando las cifras, encontramos que son los polacos quienes con más asiduidad hacen uso de su derecho a la tutela judicial.

 

Así, el número de asuntos abiertos ante los juzgados  y tribunales españoles en el primer trimestre de 2017 ha sido de 1.501.522, un incremento del 1% respecto al mismo periodo de 2016, según el informe emitido por el CGPJ. Los órganos judiciales españoles dieron solución a  1.552.034 asuntos entre el 1 de enero y 31 de marzo de este año quedando en trámite al final del trimestre poco más de dos millones de asuntos, lo que supone un 4,2% menos que en la misma fecha del año anterior. El Consejo General del Poder Judicial prevé para el conjunto de 2017 el ingreso más de cinco millones y medio de asuntos, y la resolución de un número aún superior. 

 

Por su parte, en el año 2016 ingresaron más de 14 millones de asuntos en los juzgados y tribunales de Polonia, lo que supuso una disminución del 1,6% respecto a las cifras del año anterior, Sin embargo, la litigiosidad ha aumentado desde el año 2012 en un 6,2%. Respecto al número de asuntos solucionados en 2016, un 6% menos que en el 2015. 

 

DIVORCIO EN POLONIA: CÓMO SE DISUELVE EL régimen de gananciales

 

El divorcio no sólo da lugar a la terminación del vínculo matrimonial, sino también al régimen económico matrimonial de gananciales. La anterior comunidad se convierte en co-propiedad en partes iguales. Los cónyuges pueden repartirse los activos de dos maneras: mediante la celebración de acuerdos entre ellos mismos o sobre la base de una decisión judicial.

 

La primera vía es sin duda más rápida y económica, y origina menos emociones negativas. Se trata de que los cónyuges firmen un acuerdo ante notario. La segunda se basa en la resolución del juzgado. En el caso de Polonia, y si la solicitud de liquidación es presentada durante el proceso de divorcio, será competente la audiencia provincial (Sąd Okręgowy), a menos que la liquidación de la sociedad contribuya a una excesiva demora en el procedimiento. Si la división se hace fuera de los procedimientos de divorcio, el asunto deberá resolverlo el tribunal de distrito (Sąd Rejonowy).

 

La solicitud de liquidación del régimen conyugal puede contener una propuesta de las partes. La ventaja de presentar dicha propuesta es una  reducción significativa en las tasas judiciales. Sin embargo, como en el caso de una división en forma notarial, esta vía requiere el acuerdo de los cónyuges. En cualquiera de los casos se recomienda contar con el asesoramiento de abogados.

 

Independientemente de qué órgano sea competente, siempre procederá examinando el contenido de la comunidad, y a continuación  cada parte de la propiedad común y decidir cómo dividir la propiedad. La división debe hacerse, en principio, en partes iguales. Pero no siempre es así. El juez podrá, por motivos suficientemente  importantes, dividir un patrimonio en partes desiguales. Para que el juzgado decida que corresponde la división en partes desiguales será necesaria la existencia de dos condiciones. la concurrencia de lo que la ley denomina "razones importantes" y el grado en que cada cónyuge contribuyó a la propiedad conjunta. Entre ese tipo de "razones importantes" se cuentan la separación durante largo plazo de los cónyuges, o el hecho de que alguno de ellos lleve lo que en España denominaríamos una "vida disoluta".  Respecto al segundo de los factores, se tiene en cuenta no sólo la contribución financiera de cada cónyuge, sino también el esfuerzo global de la familia fundada y satisfacer sus necesidades, en particular, el esfuerzo que supone la crianza de los hijos y del mantenimiento de un hogar común. Por tanto, el mero hecho de que un cónyuge haya aportado más  no es suficiente para que el tribunal decida la división desigual de los bienes comunes.

 

En dichas condiciones, la presentación de un buen argumento y la utilización de pruebas de peso serán la clave del éxito en la resolución de la controversia. Es por tanto necesario poder contar con la mejor representación legal posible en Polonia. 

 

 

 

 

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Juan Antonio Godoy en Radio Nacional - Radio Exterior de España

En este link podrán escuchar la entrevista realizada a Juan Antonio Godoy en el programa Marca España de Radio Exterior de España el pasado 1 de diciembre.

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El procedimiento Europeo de Escasa Cuantía (Artículo publicado en Polska Viva, septiembre de 2016)

Las vacaciones de verano que ahora finalizan son el tiempo elegido por muchos para conocer mundo. Es en estas fechas cuando el intercambio de turistas entre Polonia y España, que crece sostenidamente desde hace años, se hace más intenso. El año pasado, más de setecientos mil polacos eligieron España para pasar sus vacaciones, al tiempo que el número de españoles en Polonia batía también récords históricos. Los atractivos de ambos países son bien conocidos, y la mayor parte de los viajeros vuelven a casa con el mejor de los recuerdos.

 

Dicho esto, nunca estamos a salvo de tener una mala experiencia durante esos desplazamientos al extranjero: cancelaciones de vuelos, problemas con los arrendamientos vacacionales, incumplimientos contractuales por parte de hoteles, etc… La distancia, la dificultad idiomática y el limitado valor de la pérdida llevan a que, a menudo, los perjudicados apechen con los agravios que se les realizan en el extranjero y renuncien a reclamar, viéndose de esa manera obligados a convivir durante semanas o meses con una vocecilla dentro de su ser que clama venganza.

 

Lo que muchos de ellos no saben es que la UE, siempre preocupada por nuestro equilibrio espiritual, nos proporcionó hace unos años una manejable fusta con la que alcanzar, a distancia, el tafanario de aquellos conciudadanos europeos que conculquen nuestros derechos: hablamos del llamado “Procedimiento Especial de Escasa Cuantía”, regulado en el Reglamento CE/861/2007. En realidad, esta vía sirve no sólo para reclamar por perjuicios de esa naturaleza, sino para solucionar controversias de ámbito comunitario en material civil y mercantil, cuyo valor, excluidos intereses, gastos y costas, no supere los 2.000 EUR. Se trata de un procedimiento de reclamación que complementa –no sustituye- a los que ya existen en cada país, y que se caracteriza por su simplicidad y economía; tanto es así que no requiere la intervención de abogado ni procurador.

 

El proceso en sí se inicia con la presentación por parte del agraviado de un formulario de demanda en el que se indican los datos de las partes, el objeto de la demanda, y los motivos de la misma, sin que sea necesario hacer referencia a norma jurídica alguna. El formulario, acompañado de cualquier documento probatorio que queramos aportar, se presenta ante el juzgado que resulte competente (el Reglamento UE/1215/2012 nos indicará cuál). Tal presentación puede realizarse en cualquiera de las formas consideradas válidas en dicho país: correo postal, fax o incluso correo electrónico.

Una vez el tribunal reciba y admita a trámite la demanda –podrá inadmitirla si está incompleta o manifiestamente infundada-, se la notificará al demandado por correo con acuse de recibo. Tras recibirla, este último tendrá 30 días para oponerse, también por escrito (formulario de contestación), aportando las pruebas de que quiera valerse. Si no lo hace en plazo, el juzgado podrá dictar sentencia de inmediato.

 

Aunque está prevista la posibilidad de celebración de una vista oral -generalmente mediante videoconferencia al encontrarse las partes en distintos países- lo normal será que el juzgado decida únicamente a la vista de las alegaciones realizadas por escrito. Finalmente, la sentencia se notificará a demandante y demandado por correo certificado. Si es condenatoria, se plasmará en un título que la parte ganadora podrá ejecutar de manera inmediata, de acuerdo con el Derecho de cada país: en Polonia, entregándosela a un embargador (komornik), y en España, promoviendo el correspondiente juicio ejecutivo ante el juzgado competente.

 

Se trata, en resumidas cuentas, y en palabras de uno de sus creadores, de un procedimiento “económico, expeditivo, simple y de fácil uso para los ciudadanos”, que constituye un paso más en la búsqueda de una Europa sin fronteras.

 

Juan Antonio Godoy es abogado del despacho Varés & Asociados | Abogados en Polonia | Adwokaci w Hiszpanii.

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La resaca del Brexit: consecuencias jurídicas para polacos, españoles y británicos (publicado en Polska Viva de julio de 2016).

El pasado 23 de junio asistimos a uno de esos eventos históricos que se producen solamente cada muchas décadas. Contra pronóstico, los votantes del Reino Unido decidieron en referéndum la salida del país de la UE. Mucho se ha hablado en estas semanas respecto a los motivos de dicha decisión así como de sus efectos tras más de 40 años de permanencia, pero lo cierto es que aún es pronto para determinar estos últimos, que podrán variar sustancialmente en virtud de los términos en que se negocie la salida.

 

Lo que sí cabe afirmar desde ya mismo es que los cambios serán sustanciales siquiera desde un punto de vista cuantitativo, ya que son 850.000 polacos y más de 200.000 españoles los que viven en el Reino Unido, al tiempo que 1.000.000 y 5.000 británicos residen en nuestros respectivos países. Habida cuenta de dicha situación, y desde la necesaria cautela, sí estamos en disposición de adelantar algunas consecuencias legales y jurídicas prácticas para estos grupos de población.

 

La primera y más evidente de ellas tiene que ver con la libertad de circulación y residencia. Tras la salida del Reino Unido, dejará de operar el art. 21 del Tratado de Funcionamiento de la UE y salvo que se negocie en contrario, los ciudadanos de los otros países citados perderán la libertad de establecerse libremente en territorio británico. Y por el mismo motivo, también el derecho al sufragio activo y pasivo que preveía la legislación comunitaria.

 

Asimismo, desaparecerá la libertad de prestación de servicios, con lo que los trabajadores autónomos polacos y españoles no tendrían derecho a prestar servicios en el Reino Unido y viceversa. Además, aquellos que queden en este último país presumiblemente verán cómo las normas que regulan su actividad se endurecen, al decaer la obligación para el Gobierno británico de aplicar los regímenes armonizados del Derecho del trabajo, tradicionalmente más protectores.

En tercer lugar, las sociedades mercantiles del Reino Unido ya no podrán actuar libremente en España o en Polonia, y al contrario. Si bien aún no podemos saber hasta qué punto quedará limitada la libertad con la que actualmente cuentan, cabe prever un giro proteccionista por parte de ambos actores.

 

En lo que respecta a tributación e impuestos, el Reino Unido recuperará plena libertad sobre el IVA, los impuestos especiales y los aranceles, lo que incidirá sustancialmente en los actuales flujos comerciales. También podrán verse afectadas las pensiones de jubilación: actualmente, la legislación comunitaria permite que los trabajadores de la UE computen los periodos cotizados en los distintos países miembros. Al perder vigencia dicha normativa, los derechos adquiridos de los trabajadores se verán afectados a menos que las partes negocien –como es de esperar- una solución. 

 

Y por último, en cuanto al funcionamiento de la Administración de Justicia se refiere, cabe prever un retroceso en el grado de cooperación judicial y policial. Por ejemplo, la llamada “euroorden”, que agiliza la puesta a disposición de las autoridades de los países miembros a fugitivos dejará de aplicar si no es sustituida, en el contexto de las negociaciones de salida, por una figura similar. Lo mismo sucederá con los mecanismos que facilitan la ejecución de sentencias civiles y mercantiles de unos países en otros, que probablemente perderán en efectividad. 

 

En definitiva, se trata de cambios de significativo calado, cuya importancia quizá fue subestimada por políticos y electores. Sin embargo, cada cambio lleva consigo nuevas oportunidades. Es, por tanto, tiempo de tener los ojos abiertos.

 

Juan Antonio Godoy es abogado del despacho Varés & Asociados | Abogados en Polonia | Adwokaci w Hiszpanii.

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La ley en el tiempo: la prescripción (artículo publicado en Polska Viva, junio de 2016)

¿Cura el tiempo todas las heridas? Podemos decir sin temor a equivocarnos que no hay mal en este mundo cuyos efectos no queden atemperados por el paso del tiempo. Es la naturaleza humana. Y, en una ciencia tan humana como la jurídica, este principio tiene también su reflejo: se trata de la prescripción.

 

La prescripción es la institución legal por la que el transcurso del tiempo extingue o crea determinados derechos. Esta figura, que data de antiguo –los romanos ya la conocían y aplicaban-, tiene aplicaciones en distintas ramas del Derecho. Así por ejemplo, en determinadas condiciones, uno puede adquirir en propiedad un bien mueble o inmueble solamente por haberlo poseído durante un número de años. También sucede que, si debemos dinero a Hacienda, y esta no nos lo reclama en el plazo de cuatro años, ya no podrá hacerlo después. Y lo mismo –con plazos más breves— pasa con las multas de tráfico.

 

No obstante, la vertiente de la prescripción que más controversia genera es la penal. En la prescripción penal, el Estado, debido al tiempo pasado, renuncia a juzgar a alguien, o bien a aplicarle una pena a que hubiera sido condenado. La lógica es triple: por un lado, en nuestros sistemas, la pena tiene una función correctiva. Si dejamos pasar demasiado tiempo, la persona a quien juzgamos o castigamos ya no es la misma que cometió el delito. Por otro, el afán de retribución de la víctima también suele atenuarse con el paso de los años. Y por último, se trata de motivar al Estado para que actúe con la mayor rapidez posible.

 

Los plazos de prescripción varían según la naturaleza del delito, y en general, se calculan a partir de la pena que este lleve aparejada. Sin embargo, algunos crímenes no prescriben nunca. Así, tanto en Polonia como en España y en virtud de convenios internacionales de los que ambos son parte, la prescripción no aplica a los delitos de genocidio, lesa humanidad ni a aquellos que se realicen contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. A los citados, y por mor de nuestro histórico y ya superado problema, el Código Penal español añade los de terrorismo, si hubieren ocasionado la muerte de una persona.

 

¿Es ese catálogo suficiente? Para muchos, no. Con bastante buen criterio, hay una parte importante de la ciudadanía que estaría a favor de añadir a la lista los delitos más relacionados con la tan dañina corrupción política: malversación de fondos públicos, cohecho (soborno) o prevaricación (dictar resoluciones judiciales a sabiendas de su injusticia). Son delitos cuya compleja instrucción hace que las acusaciones se prolonguen en el tiempo, y que a menudo llegan fuera de plazo. Da qué pensar el hecho de que el legislador, consciente de este fenómeno, se trate a sí mismo de manera tan benévola.

 

Sin embargo, el debate estrella de los últimos tiempos en nuestros países lo constituyen los delitos de abusos sexuales a menores. Hace algunos meses, el Tribunal Supremo de Polonia denegaba a EE.UU. la extradición del afamado director de cine Roman Polański, acusado de la violación de una menor en 1977, bajo la premisa de la prescripción del delito de acuerdo a la ley polaca. El Gobierno polaco ha anunciado recientemente su intención de recurrir la decisión del Tribunal Supremo, pero, incluso teniendo en cuenta la formidable capacidad de presión norteamericana, lo normal será que dicho recurso se desestime. En España, hechos tales como los abusos sexuales cometidos durante años sobre menores en un colegio de Barcelona han reavivado también dicha controversia. Unos piensan que, habida cuenta del tiempo que a menudo tardan en aflorar las consecuencias de este tipo de actos, no debería haber límite temporal para perseguirlos. Otros consideran que una ampliación de unos plazos ya suficientemente generosos no traería sino una mayor inseguridad jurídica.

 

Sea como fuere, y mientras el debate se sustancia, el tiempo sigue, impertérrito, su curso.  

 

Juan Antonio Godoy es abogado del despacho Varés & Asociados | Abogados en Polonia | Adwokaci w Hiszpanii.

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El factor humano en la justicia (Articulo publicado en Polska Viva, mayo de 2016)

Apenas lleva a cualquier letrado principiante unos meses de ejercicio el darse cuenta de que el sistema de Administración de Justicia está preocupantemente lejos de la perfección. No solamente hemos terminado aceptando con naturalidad que cualquier pleito pueda necesitar dos años para resolverse, sino que de manera frecuente somos testigos de sentencias injustas y mal fundamentadas, independientemente de que nos sean o no propicias.

 

Muchos son los factores que determinan este defectuoso funcionamiento, que es rasgo común de los sistemas polaco y español. Entre ellos, una insuficiente dotación económica, un escaso aprovechamiento de las nuevas tecnologías o una planificación orgánica que denota la rigidez propia de las administraciones públicas a la hora de adaptarse a las necesidades de los ciudadanos y que siempre va un paso por detrás de estos. Sin embargo, hoy quisiera detenerme en uno de los elementos que más distorsiona la acción de la justicia: el fieramente humano.

 

Dicho componente, que nunca está del todo ausente, se hace especialmente visible en algunas ocasiones. Un ejemplo: hace unos días, asistí a una vista en Poznan en la que se dirimía la devolución de un menor, hijo de polaca y español, que había sido sustraído por su madre de su domicilio habitual en España y llevado a Polonia. El padre había recurrido a los juzgados para solicitar, en virtud del tratado internacional que regula estos casos, el retorno del menor a España. Y estaba cargado de razón. Tras nuestro alegato final, y el de la defensa de la madre, el tribunal solicitó al Ministerio Fiscal -que debe necesariamente intervenir cuando un asunto afecta a menores- su opinión. Para nuestra incredulidad, su representante informó a favor de la madre y en contra de nuestra tesis. Una vez terminada la vista, mientras esperábamos en el pasillo a que se dictara sentencia, no pude evitar dirigirme a la fiscal –una señora en la cincuentena larga- y preguntarle cómo era posible que hubiera sostenido algo semejante. La respuesta, escalofriante: “¿Y qué crees? ¿que en España una fiscal hubiera defendido a un hombre polaco?”

 

Esto sucedió en Polonia, pero por favor, que nadie piense que cosas así son exclusiva del país que generosamente nos acoge. El factor humano está presente en todos los sistemas. En todos sitios pueden hallarse jueces desmotivados, fiscales más comprometidos con el género o la nacionalidad que con la Justicia o funcionarios carentes de la más mínima empatía hacia el justiciable. Personas desencantadas con la profesión que olvidan la importancia de lo que nos traemos entre manos, y hasta qué punto una decisión tomada a la ligera puede, por injusta, condicionar la vida de una persona. Felizmente, son minoría.

 

En definitiva, la Justicia es una institución humana, y por lo tanto, no exenta de las flaquezas propias del humano que se desempeña en su seno. Por ello, y a pesar de los muy buenos profesionales con los que también cuenta, no es razonable esperar siempre de ella un funcionamiento impecable. Es ese mismo motivo el que hace que todos aquellos que representamos un papel en esta actividad debemos tener presente, en todo momento, nuestra parcela de responsabilidad.

 

Juan Antonio Godoy es abogado del despacho Varés & Asociados | Abogados en Polonia | Adwokaci w Hiszpanii.

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El divorcio ante notario (artículo publicado en Polska Viva, abril de 2016)

Estimadas lectoras polacas, el buen tiempo se acerca y es hora de ir pensando en un nuevo destino para esa entidad que dormita frente al televisor y que sólo recupera –a medias- la conciencia cuando el Real Madrid marca un gol. Queridos conciudadanos residentes en Polonia, las nochebuenas cenando carpa en gelatina y col hervida pueden pasar en breve a ser sólo un mal recuerdo. Para facilitar las cosas a unas y a otros recientemente ha entrado en vigor en España la nueva Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria que, entre otras reformas de menor interés, introduce por primera vez la posibilidad de divorciarse ante notario.

 

El divorcio ante notario tiene idénticos efectos al que se lleva a cabo ante los juzgados –extinción del vínculo matrimonial, cese de la obligación y presunción de convivencia de los cónyuges, extinción del régimen económico matrimonial, etc…– y ofrece destacables ventajas sobre aquel, tales como la inmediatez o la posibilidad de evitar cualquier tipo de contacto o conversación con el cónyuge, ya que puede efectuarse mediante apoderamiento a abogado.  Sin embargo, no todos los divorcios son susceptibles de celebrarse ante notario: la ley reserva esta posibilidad para aquellos casos en los que haya un acuerdo entre los cónyuges. Además, la esposa no podrá estar embarazada ni el matrimonio podrá tener hijos menores de edad o cuya capacidad haya sido modificada judicialmente y que sean dependientes de sus progenitores. Por último, y como en el resto de modalidades de divorcio, será necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde que se contrajera matrimonio.

 

El elemento central de este tipo de divorcio es la confección de un convenio regulador. Dicho convenio es un documento en el que se recogen las condiciones acordadas por los cónyuges que desean divorciarse. Como mínimo, debe contener previsiones respecto al uso de la vivienda y enseres familiares, a la liquidación del régimen económico matrimonial –cómo se reparten los bienes comunes, si los hay– y por último, en referencia a la pensión acordada a favor del cónyuge al que el divorcio provoque un desequilibrio económico, así como las bases de su actualización.

Es evidente el deseo del legislador de eliminar obstáculos a un trámite que –a pesar de las bromas con las que nos permitíamos comenzar este artículo– nunca resulta agradable. No obstante, también se ha preocupado de evitar que al albur de esta buscada simplicidad puedan cometerse abusos contra el cónyuge que tenga una posición más desprotegida. Para ello, ha previsto un doble mecanismo: por un lado, la obligatoriedad de que, al igual que en un divorcio judicial, los cónyuges sean asistidos por un abogado durante el proceso.  Por otro, la posibilidad de que el notario se niegue a autorizarlo si considera que el acuerdo propuesto es gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos.

 

Una vez el vínculo matrimonial quede disuelto, aún deberemos llevar a cabo algunas actuaciones: en primer lugar, necesitaremos inscribir el divorcio en el Registro Civil. Además, acudiremos al Registro de la Propiedad para inscribir la nueva titularidad de los inmuebles que haya surgido como consecuencia del acto. Y finalmente, para aquellos divorcios ante notario entre ciudadanos polacos y españoles, deberemos encargarnos de obtener el reconocimiento e inscripción de la resolución notarial española en el homólogo en Polonia del Registro Civil, la Oficina del Estado Civil (Urząd Stanu Cywilnego). De otro modo, el divorcio español no tendrá efectos en este último país.

En definitiva, el divorcio ante notario resulta una opción atractiva al permitir una mayor celeridad en las actuaciones y al imponer un menor desgaste psicológico a las partes afectadas, que pueden delegar en sus asesores legales la mayor parte del trámite.

 

Juan Antonio Godoy es abogado del despacho Varés & Asociados | Abogados en Polonia | Adwokaci w Hiszpanii.

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La ley gitana (Artículo publicado en Polska Viva de febrero de 2016)

4 de julio de 1992. Los restos de Camarón de la Isla, cantaor flamenco elevado en vida a la categoría de deidad gitana y muerto a los 42 años, son portados, bajo un sol de justicia y en auténtico loor de multitudes, hasta el cementerio de su localidad natal, San Fernando, en Cádiz. Sólo una bandera cubre su féretro. La forman dos franjas horizontales. La de abajo, verde, representa la hierba. La de arriba, azul, el cielo. Sobre ambas, una rueda de carro roja, que simboliza la eterna libertad. El deambular sin fin.

 

Para la mayor parte de los europeos, sociedad y Derecho, territorio y autoridad, son conceptos tan íntimamente unidos entre sí que tenemos auténticas dificultades para deslindarlos. Sin embargo, algunas comunidades han conseguido permanecer ajenas a esa ecuación a lo largo de los siglos. Han configurado de esa manera una identidad que, como la rueda de carro roja de la bandera, transciende las fronteras. Así por ejemplo, los gitanos polacos y los españoles probablemente tengan más en común entre ellos que con sus respectivos connacionales. 

 

En el caso de los gitanos -también llamados zíngaros, calós o romanís- uno de los elementos que en mayor medida ha contribuido a determinar su identidad es la existencia de un auténtico sistema jurídico y normativo propio, independiente del de los Estados en que residen. Dicho sistema se basa en un conjunto de normas y principios no escrito, denominado Romanipen. El Romanipen, fuertemente influido por el judaísmo pre-talmúdico, regula muchos de los aspectos de la vida de los gitanos, tales como la organización jerárquica de la sociedad, las instituciones familiares -matrimonio, divorcio, contenido de los vínculos paternofiliales-, la propiedad privada o las relaciones financieras. Tipifica asimismo determinados comportamiento considerados criminales (robo, estafa, delación a la policía, abandono de familia, homicidio, etc…) a los que apareja una serie de penas. Entre las más graves de estas últimas, que se reservan para delitos de sangre, están el destierro –la exclusión de la comunidad, que puede afectar al culpable en exclusiva, o bien a toda su familia- o incluso la muerte, administrada mediante la venganza llevada a cabo por los familiares del ofendido.

 

Otra de las singularidades de esta suerte de Derecho gitano estriba en las vías de aplicación. El Romanipen prohíbe que las controversias entre gitanos sean juzgadas por gadjos (o payos). Por lo tanto, cualquier gitano que recurra a los órganos de administración de justicia ordinarios para buscar solución a su problema será marginado por el resto de miembros de su comunidad. En su lugar deberá recurrir a los kris, asambleas de jueces gitanos, o a los “arregladores”, hombres de avanzada edad considerados “gitanos de respeto”, que dictarán una solución ex aequo et bono. Ninguna de las partes en el litigio se atreverá a poner en duda la resolución propuesta por dichas autoridades.

 

Lo referido implica la convivencia, en el mismo tiempo y espacio, de dos sistemas normativos de diferentes características que, inevitablemente, interfieren en ocasiones. Una parte importante de las personas de raza gitana no reconoce ni la ley ni los órganos de justicia estatales, a los que sin embargo, se ven inexorablemente sometidos. Por su parte los Estados tampoco conceden mayor valor –salvo en lo que pueda subsumirse en la institución jurídica del arbitraje- a las resoluciones emanadas de la costumbre gitana.

 

A pesar de esto último, lo cierto es que el Romanipen propugna valores que, a menudo, echamos en falta en nuestras sociedades al uso: la solidaridad entre los miembros de la comunidad, el respeto a los ancianos, la primacía de la libertad sobre lo material -con todo lo que eso conlleva- entre otros.

 

Juan Antonio Godoy es abogado del despacho Varés & Asociados | Abogados en Polonia | Adwokaci w Hiszpanii.

 

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Estafas por Internet entre España y Polonia (Artículo publicado en Polska Viva, enero de 2016)

¨Cada cual que conserve lo que tenga y que robe lo que pueda -decía. Ésta era la más social de sus teorías, las más insociables se las callaba¨.

 

Así se refería Pío Baroja a Miguel de Tellagorri, personaje de su imprescindible novela “Zalacaín el Aventurero¨, quien, siempre según el autor, ¨era en el fondo un hombre de rapiña, alegre y jovial, buen bebedor, buen amigo, y en el interior de su alma bastante violento para pegarle un tiro a uno o para incendiar el pueblo entero¨.  

 

Los sinvergüenzas de nuestros días tienen -por lo general-   por lo general , ientos, dietasdespacho hasta tres asuntos que, por sus peculiaridades y a¡caracteristicas z rz, ientos, dietasmucha menos gracia que Tellagorri, pero siguen aplicando fielmente algunas de sus máximas. Para ello, no dudan en aprovechar las posibilidades que los avances de la técnica, y de un modo muy especial  Internet, les brindan.

 

En las últimas semanas han llegado a nuestro despacho hasta tres asuntos a los que, por sus novedosas peculiaridades y características comunes, merece la pena hacer referencia. De otros tantos similares llevamos ocupándonos algunos meses. Sus protagonistas son empresas españolas interesadas en adquirir maquinaria de construcción o camiones que han localizado a través de anuncios en Internet publicados por vendedores polacos. Estos últimos son, en todos los casos, empresas establecidas y con una actividad real.

 

Los afectados se ponen en contacto con los vendedores y negocian, a través de correos electrónicos, las condiciones de entrega. Durante ese proceso, reciben toda clase de información, fotografías, y hasta facturas pro-forma. Las conversaciones se desarrollan con normalidad, y en alguno de los casos, hasta culminan con primeras operaciones de compraventa felizmente terminadas. Todo ello vence las naturales reticencias de los compradores, quienes manifiestan su disposición a realizar transferencias internacionales por valor de decenas de miles de euros para adquirir el bien de que se trate.

 

Entonces, llega el e-mail crítico, que dice más o menos: ¨Por cierto, te ruego que pagues no a la cuenta corriente que te había indicado anteriormente, sino a esta otra. La primera me está dando problemas últimamente¨. El comprador, confiado, manda el importe convenido a la nueva cuenta, y poco después, se pone en contacto con el vendedor para que le confirme que ha llegado y organizar la entrega. Pero el dinero no se ha recibido. Tras dos o tres días, la preocupación del vendedor aumenta. Empieza a confrontar los correos enviados con el vendedor cuando este niega haber enviado ninguno en el que pidiera el cambio de número de cuenta de destino. ¿Engaño por parte del vendedor? ¿o quizá las cuentas de correo electrónico han sido interferidas por alguien que ha seguido desde el principio la negociación y manipulado el contenido de los e-mails?

 

Las investigaciones realizadas a nuestra instancia por el Ministerio Fiscal polaco hasta la fecha presentan un denominador común. En todos los casos, las cuentas en bancos polacos adonde fue a parar el dinero pertenecen a ciudadanos rumanos, que de modo inmediato retransfirieron las cantidades recibidas a otras cuentas en Rumanía. Así pues, en los próximos meses tendremos la ocasión de poner a prueba la efectividad real de los mecanismos de la UE en materia de cooperación policial y judicial.

 

Nuestro consejo para aquellos que se dispongan a realizar una operación importante de compraventa a través de Internet: extrema prudencia y siempre que sea posible, contactos en persona.

 

Conservemos lo que tenemos.

 

Juan Antonio Godoy es abogado del despacho Varés & Asociados | Abogados en Polonia | Adwokaci w Hiszpanii.

 

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Reclamaciones por alimentos entre Polonia y España (artículo publicado en Polska Viva, diciembre de 2015)

El timbre de la puerta sonó en la casa de los padres de Javier, estudiante de último año de Biología en la Autónoma de Madrid. Dado que se encontraba solo, bajó la música –sonaba a todo volumen “La madre de José”, de El Canto del Loco- y fue a abrir. Era el cartero, con un envío certificado a su nombre. Un gran sobre blanco, que parecía contener bastantes hojas, y que venía de un juzgado. Extrañado, firmó en el terminal electrónico portátil, cerró la puerta y allí mismo, de pie en el recibidor, abrió la carta. Según leyó las primeras líneas, notó por un instante que sus piernas se aflojaban. Casi se había olvidado ya de Agnieszka, la chica con la que anduvo saliendo el año anterior durante su estancia de Erasmus en Varsovia…


Escenas parecidas a esta se repiten todos los años en distintos sitios de España. El espectacular desarrollo de las relaciones –económicas, políticas. educativas- ha tenido, entre otras consecuencias, una significativa proliferación de nacimientos de parejas mixtas hispano-polacas, y así, una creciente cantidad de demandas por alimentos entre un país y el otro. Consciente de la importancia de este tipo de reclamaciones y de las dificultades que su tramitación suponía el hecho de que el deudor residiera en otro país, la UE ha ido produciendo normas tendentes a facilitarlas cada vez más. A día de hoy, el ejemplo más acabado lo constituye el Reglamento 4/2009 en materia de obligaciones alimenticias, que Javier acabará conociendo como la palma de su mano.

Esta norma tiene por objeto simplificar la reclamación de la prestación por alimentos, es decir la ayuda a un familiar -no sólo, pero principalmente a hijos por sus padres- para cubrir, en caso de necesidad, sus gastos de sustento, habitación, vestido, sanidad y educación. Con ese fin, regula varios puntos: la competencia judicial internacional –qué tribunales deben entender de asunto-, la ley aplicable, la ejecución de las resoluciones, y por último, en qué manera deben cooperar las autoridades de los distintos Estados.


Respecto al primero de ellos –el de la competencia- el reglamento prevé que podrán entender del asunto los juzgados del país de residencia habitual del demandado o del acreedor. Ahora bien, en el caso de que la demanda de alimentos fuera accesoria a otras (por ejemplo, a una demanda de paternidad), entonces pasa a ser competente también el Estado en donde se esté sustanciando dicha pretensión principal. Ello salvo si dicha competencia viene dada únicamente por la nacionalidad de una de las partes.


¿Y qué ley deberá aplicarse en ese caso? Para contestar a esto, el reglamento nos envía a otro convenio, el Protocolo de La Haya de 2007, que en su artículo 3 establece como norma general el que las obligaciones alimenticias se rijan por la ley del Estado de la residencia habitual del acreedor. No obstante, si el acreedor cambia de Estado de residencia habitual, pasará a aplicarse la ley de ese nuevo país desde el momento en que se produzca el cambio.


El Reglamento 4/2009 prevé también un sistema simplificado para que las resoluciones de uno de los Estados miembros puedan ejecutarse en otro de la manera más ágil posible. Como sucede con otros títulos ejecutivos de ámbitos diferentes, la legislación de la UE hace que las sentencias sean ejecutables sin necesidad de previa obtención de su homologación. La simplicidad llega hasta el punto de que, en principio, ni siquiera hace falta presentar en el juzgado del país de ejecución la traducción del título que se pretende hacer valer, bastando en su lugar la aportación de un formulario tipo, previsto en la norma, que el órgano del país de origen deberá emitir.

A pesar de los obstáculos prácticos de la aplicación de estas previsiones, la tendencia lo es hacia una creciente colaboración entre Estados, también en esta materia. Importa saber que cada vez en menor medida puede ponerse tierra de por medio en estos casos. Como pronto comprobará Javier, el brazo de la Justicia es largo.


Nota: los nombres propios, los personajes y las acciones que aparecen en este artículo son inventados. Cualquier coincidencia con la realidad es mera casualidad.


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Herencias entre España y Polonia (artículo publicado en Polska Viva noviembre de 2015)

Narra el cuento que, a su muerte, un sencillo molinero no dejó a su hijo Benjamín más que el gato del granero.

Mis dos hermanos –se lamentaba Benjamín- podrán ganarse fácilmente la vida con su parte de herencia; pero yo, una vez me haya comido mi gato y gastado lo poco que me den por su piel, no tendré más remedio que morir de hambre. El gato, que escuchaba estas palabras, se subió de un salto sobre las rodillas de su amo, y acariciándole a su manera, le dijo: -No os desconsoléis, mi señor; compradme un par de botas y un saco con cordones, y ya veréis como no es tan mala la parte de herencia que os ha tocado.

Como refleja la historia, el reparto de las herencias y su tramitación a menudo son fuente de insatisfacciones y complicaciones para los herederos. Además los dilemas aumentan enormemente si la sucesión es de carácter internacional, porque provenga de un extranjero o porque afecte a bienes que se encuentren en otros países: ¿qué ley debe regir la sucesión? ¿Qué juzgados son competentes? ¿Cómo puedo poner a mi nombre ese piso en Polonia que me ha tocado? 

Con el fin de poner algo de orden en tan espinosa cuestión, el pasado mes de agosto entró en vigor el Reglamento europeo 650/2012 de sucesiones y de creación del certificado sucesorio europeo. Dicho Reglamento tiene como fin unificar la legislación de la mayor parte de los países miembros de la UE -entre ellos España y Polonia- y se aplica a sucesiones de personas que hayan fallecido el 17 de agosto de 2015 o después.

El conocido como Reglamento Sucesorio Europeo implica -¡atención, españoles residentes en Polonia y polacos en España!- sustanciales cambios respecto a la normativa aplicable hasta la fecha. Vamos a analizar algunos de ellos:

En primer lugar, establece como norma general que la ley aplicable a la sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento. Ello supone un cambio drástico respecto a lo hasta ahora vigente ya que tanto para ciudadanos polacos – ex art. 64 de la Ley de 4 de febrero de 2011 sobre Derecho Internacional Privado- como para españoles –ex art 9.8 del Código Civil –  la ley aplicable era la de la nacionalidad del causante. Al tiempo, abre nuevas posibilidades para el testador. Piénsese por ejemplo que, mientras en países como España o Polonia existe la institución de la legítima (obligación de dejar una parte determinada de la herencia a los llamados “herederos forzosos”), en otros -como el Reino Unido- hay plena libertad para testar.

No obstante lo anterior, el Reglamento prevé la posibilidad de que el causante, en su testamento, manifieste si quiere que la Ley aplicable a su sucesión sea la de su nacionalidad o la de su residencia habitual.

Algo parecido sucede a la hora de determinar qué juzgados deben ocuparse del asunto. El Reglamento prevé la competencia de los tribunales del Estado miembro en que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento, y no la de los de su nacionalidad. Esta regla también presenta sus excepciones: por ejemplo, cuando el causante haya previsto en su testamento que desea que su sucesión se rija por la ley de su nacionalidad, serán competentes los juzgados de ese país. También, en algunos casos, podrán ser competentes los tribunales del Estado donde se encuentren los bienes que componen la herencia.

Por último, el  Reglamento establece que todas las resoluciones dictadas por un Estado miembro serán reconocidas en el resto de Estado miembros, y tendrán la misma fuerza ejecutiva en toda la UE. Para ello se crea el llamado “certificado sucesorio europeo”,  que, una vez expedido por un Estado miembro, surtirá efecto en cualquier otro Estado miembro de forma automática, sin necesidad de ningún procedimiento especial.

En vista de los profundos cambios, es recomendable que todos aquellos españoles que viven en Polonia -y viceversa- se pongan en manos de un profesional a la hora de testar. Ello facilitará dejar las cosas atadas y evitará dolores de cabeza innecesarios a quienes vengan detrás.

 


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España vs Cataluña: cuestión de nacionalidad (artículo publicado en Polska Viva de octubre de 2015)

Las últimas semanas han sido agitadas informativamente para los españoles. Escribo estas líneas en la víspera de las elecciones al Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Estos comicios se vienen celebrando periódicamente cada cuatro años desde 1980 pero quizá nunca antes hayan despertado tanta expectación. El motivo es que en esta ocasión concurre una coalición de partidos que ha anunciado que iniciará unilateralmente el proceso de independencia de España si obtiene la mayoría.


No es la primera vez que se lanzan órdagos de este tipo. El 6 de octubre de 1934, el entonces presidente de la Generalidad –el órgano de gobierno de Cataluña- proclamó desde el balcón de su sede “el Estado catalán dentro de la República Federal Española”. La rebelión duró apenas unas horas, y terminó con la detención de los responsables, con la suspensión indefinida de la autonomía catalana y con la supresión de la Generalidad y su sustitución por un Consejo nombrado por el Gobierno del Estado. También costó la vida a cuarenta y seis personas, entre militares y civiles, que participaron en las reyertas que tuvieron lugar ese día.


En estas semanas se ha hablado extensamente sobre lo que puede suceder en caso de victoria de la coalición separatista. A nadie se le oculta que, incluso si eso sucediera, existe un trecho importante entre una eventual declaración unilateral de independencia y la constitución de un Estado efectivo que, para serlo, debe ser reconocido como tal por otros Estados. También es objeto de controversia la permanencia o no de un Estado catalán independiente en la UE. Sin embargo, últimamente el debate se ha centrado en saber qué pasaría con la nacionalidad española de los habitantes de Cataluña en caso de una “desconexión” con España. Dado, además, que muchos de nuestros lectores pueden tener dudas respecto a cómo se adquiere, conserva y pierde la nacionalidad española, y si sobre es posible tener la doble nacionalidad polaca y española, merece la pena analizar esta cuestión desde el punto de vista del Derecho.


Así, en primer lugar, el art. 17 del Código Civil establece que son españoles de origen, entre otros, los nacidos de padre o madre españoles. Por su parte, el art. 11.2 de la Constitución Española afirma que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”. De ello se desprende que, salvo que los citados artículos fueran modificados, los habitantes de una Cataluña independiente tendrían derecho a seguir conservando la ciudadanía española.


Ahora bien ¿podrían los catalanes dejar voluntariamente de ser españoles? El art. 24 del Código Civil prevé la posibilidad de que un ciudadano español que reside habitualmente en el extranjero pierda la nacionalidad si adquiere voluntariamente la de otro Estado. Para ello es necesario que transcurra un plazo de tres años desde la adquisición de esa segunda nacionalidad, lo que bloquea la posibilidad de una pérdida inmediata. Pero hay otro obstáculo: dada la inviabilidad práctica de que España reconociera un eventual Estado catalán, y teniendo en cuenta que la lucha contra la apatridia es un principio general del Derecho, el citado art. 24 tampoco podría servir de base jurídica para aquellos catalanes que quisieran dejar de ser españoles. Para España, esa segunda nacionalidad catalana sería inexistente.


¿Cabría entonces la posibilidad de una doble nacionalidad catalana y española? Difícilmente. Para ello, España debería suscribir un convenio de doble nacionalidad con Cataluña, similar a los que ya tiene firmados con algunos países iberoamericanos, así como con Andorra, Portugal, Filipinas y Guinea Ecuatorial. Dado que la firma de un acuerdo de ese tipo supondría el reconocimiento implícito del Estado catalán por España, esta posibilidad decae en la práctica. Lo mismo sucede, por cierto, con la doble nacionalidad española y polaca: no está legalmente prevista, y cuando tiene lugar -por ejemplo cuando una pareja mixta inscribe a su hijo como nacional en los dos países- se trata de una situación anómala; lo que se conoce como “doble nacionalidad patológica”.


Parece absurda la idea de un Estado catalán poblado por españoles, situación a la que aboca la legislación vigente. No obstante, todo está por ver. En la Historia no faltan episodios en que la política ha retado y vencido al Derecho. Así pues, permanezcan atentos a sus pantallas.

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Migrantes de sexo (Artículo publicado en Polska Viva de septiembre de 2015)

¿Niño o niña? Indiscutiblemente, la identidad sexual es uno de los rasgos que en mayor medida inciden en el desarrollo de la vida humana. Querámoslo o no, y a pesar de los destacados avances en cuestiones de igualdad de las últimas décadas, las sociedades siguen atribuyendo roles diferenciados a mujeres y a hombres. Normalmente, la asignación del género se verifica sin mayores dilemas en los primeros instantes en el mundo de un recién nacido. Pero ¿qué sucede con aquellos que no se identifican con el sexo que su cuerpo les ha deparado?


Dichas personas nunca lo han tenido fácil. Históricamente han sido objeto de burlas, en el menos malo de los casos, y de graves discriminaciones e incluso violencia directa, en el peor de ellos. Ello no obstante, la percepción social de dicho fenómeno ha evolucionado significativamente en los últimos tiempos: cada vez en menor medida se piensa en sus protagonistas como seres anómalos, y cada vez más se les ve como individuos cuyos derechos fundamentales –a la libertad, a la salud, a la integridad física, a la vida- deben ser protegidos, de manera efectiva, por la Ley.


Un paso importante en dicho camino lo constituye el reconocimiento legal del género libremente elegido. Distintos convenios internacionales han recogido, con mayor o menor nivel de concreción, el derecho a no ser discriminado por la orientación sexual. Sin embargo, a estos efectos y en lo que a la UE concierne, el verdadero hito lo constituyó la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 1996 en el caso P. v. S. and Cornwall County Council, que considera que la discriminación proveniente de la reasignación de género de las persona es, a efectos legales, discriminación por razón de sexo. Ello, en un contexto en el que la protección de los derechos fundamentales es uno de los objetivos declarados de la UE, abrió la veda de las modificaciones legislativas en los Estados miembros.


En España, el asunto fue abordado por la Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral relativa al sexo de las personas, que permite a los migrantes de género de nacionalidad española, mayores de edad, y con capacidad suficiente, solicitar el cambio de identidad a través del Registro Civil, sin necesidad de una sentencia judicial. Para ello, la norma requiere que a la persona se le haya diagnosticado disforia de género, así como haber recibido tratamiento hormonal durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, ello a no ser que razones de salud o edad impidan el seguimiento del citado tratamiento. No es requisito legal que el solicitante haya sido sometido a una operación genital.


La católica Polonia a menudo se muestra más reticente a este tipo de cuestiones. Empero, el pasado 23 de julio, el parlamento aprobó la llamada “Ley de determinación de género” (ustawa o uzgodnieniu płci). Dicha norma prevé la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial en el que se solicite la adecuación del género legalmente inscrito al que efectivamente presente la persona interesada. A estos efectos, la ley determina la competencia de los tribunales de la ciudad de Lodz. El escrito de demanda deberá ser acompañado de dos dictámenes de médicos psicólogos o especialistas en Sexología. Tras ello, en una vista celebrada a puertas cerradas, el juzgado decidirá. En caso de estimarse la demanda, se ordenará la corrección de la inscripción en el Registro Civil, la emisión de un nuevo número PESEL así como de documentos de identidad con el nuevo sexo, y el nombre que el solicitante haya elegido. Se espera la entrada en vigor de dicha ley para mediados de 2016.


No obstante, el asunto continúa en evolución. En 2013, Alemania se convirtió en el primer Estado de la UE en reconocer legalmente el “género intersexual”, para personas que presenten características fisiológicas de ambos sexos al mismo tiempo. En los próximos años veremos si países como Polonia o España siguen sus pasos.

 

Juan Antonio Godoy es abogado del despacho Varés & Asociados | Abogados en Polonia | Adwokaci w Hiszpanii.

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La protección de los derechos animales (artículo publicado en Polska Viva, julio-agosto de 2015)

La relación entre los seres humanos y el resto de animales nunca ha sido sencilla. Multitud de factores –económicos, filosóficos, religiosos, pedagógicos- han influido, a lo largo de la Historia, en el trato que hemos dispensado a los seres animados con que compartimos planeta. A ese respecto, hay opiniones para todos los gustos: desde aquellos que piensan que no debe haber límites en la utilización de los animales por los humanos hasta los que consideran que unos y otros, en tanto que seres vivos capaces de sentir dolor, deben ser sujetos de idénticos derechos.


Se atribuye al político y filósofo indio Mahatma Gandhi la cita según la cual, “la grandeza y el progreso moral de una nación se mide por cómo trata esta a los animales". Y no faltan datos que apuntalen la vigencia de dicha afirmación en nuestros días. Por ejemplo, la Psicología ha demostrado que el maltrato animal está directamente relacionado con otras formas de violencia, como la machista, la ejercida por parte de los padres hacia sus hijos, o con ciertos comportamientos de fuerza e intimidación innecesaria entre personas. Otro hecho: mientras en países como Suiza, Alemania, Holanda o Suecia el fenómeno del abandono de animales domésticos es prácticamente inexistente, en España la friolera de 300.000 perros y gatos son abandonados cada año. Extraiga cada uno sus conclusiones.


En cualquier caso, basta echar un vistazo a nuestro Facebook para darnos cuenta de que cada vez más personas están concienciadas sobre la necesidad de proteger a los animales. A pesar de ello, ni España ni Polonia se caracterizan por contar con un sistema legal excesivamente ambicioso en la materia. Como en tantas otras áreas, parece existir una desafección entre el sentir de la mayoría de la población, y la acción de los políticos, que nunca resulta tan contundente como muchos quisieran.


No obstante, no es menos cierto que algunos pasos se han dado en las últimas décadas. La UE parte de la premisa del reconocimiento de los derechos animales. Ha regulado cuestiones como la producción, el transporte y el sacrificio, y encara otras como el maltrato, la experimentación en la industria o el comercio de pieles. A rebufo de dicho impulso, también encontramos algunas reformas en nuestros países. Polonia cuenta desde 1997 con una Ley de Protección Animal que castiga el maltrato animal con multas o incluso penas de privación de libertad de hasta dos años. El Código Penal también se ocupa de punir este tipo de comportamientos lesivos, cuando son realizados a gran escala.


En España, el panorama es mucho más complicado, ya que se trata de una competencia transferida a las comunidades autónomas. De ahí que la regulación varíe sustancialmente entre una región y otra. Cataluña y Aragón son las comunidades españolas más avanzadas en protección animal. En Cataluña están prohibidos el sacrificio de animales abandonados o las mutilaciones como cortes de orejas y rabo por estética racial. En Aragón, las sanciones por maltrato animal pueden llegar a los 150.000 euros. Asimismo, el Código Penal prevé penas de hasta un año de prisión para los autores de este tipo de hechos.


En los últimos tiempos, el foco del debate se centra en la posibilidad de abolir las corridas de toros, tradición que, según las encuestas, cuenta con un apoyo popular en constante retroceso y que subsiste económicamente gracias a la financiación pública.


Sin embargo, a pesar de los avances mencionados, ambos países se encuentran aún lejos de lo logrado por otros de su entorno. Un ejemplo: en 2002 se reformó la Constitución alemana para que su art. 20 recogiera la “protección de los fundamentos naturales de la vida”, lo que en la práctica convierte la protección animal en un objetivo estatal.


Queda, en definitiva, un largo camino por recorrer.

 

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Una temporada a la sombra. (Artículo publicado en Polska Viva, junio de 2015)


A pesar de los cambios experimentados a lo largo de la Historia en sus funciones y características, y no obstante la oposición que suscita entre no pocos juristas, psicólogos y sociólogos, la prisión sigue constituyendo en nuestros días la cúspide del sistema retributivo penal en aquellos países que, como Polonia o España, renunciaron hace tiempo a aplicar castigos mayores.


Cada día, una media de veinte personas ingresa en alguna de los ochenta y siete establecimientos con que cuenta el sistema penitenciario polaco, hasta completar una población reclusa estimada en unas ochenta mil. Un gran porcentaje de dicho colectivo lo forman individuos cuya forma de vida les hace habituales de dichos lugares. Otros muchos jamás habrían pensado que llegarían a conocer una cárcel por dentro. Se trata por lo general de personas ajenas a ese submundo que un mal día cometieron un error: un tonteo con una pequeña cantidad de droga, una firma falsificada, un accidente de tráfico, una riña llevada demasiado lejos… nadie está completamente a salvo de verse en dicho trance.


El Código Penal Ejecutivo polaco de 1997, reformado en 2003, prevé como fin principal de la prisión la resocialización del delincuente. También establece, en línea con los diversos convenios internacionales de que Polonia es parte, que deben garantizarse condiciones de vida adecuadas al recluso. Sin embargo, la práctica muestra una imagen bien diferente. Por lo general, las prisiones polacas están masificadas y su estándar está alejado del de otros países europeos.


¿Y qué es lo que se encuentra una persona que ingresa por primera vez en una cárcel polaca? Los traslados desde las dependencias policiales se realizan en vehículos sin ventanillas, o con sólo una pequeña apertura para dejar pasar algo de luz, por lo que apenas es posible observar el camino que lleva al centro. Una vez el furgón atraviesa los muros del centro, coronados de alambre de espino, el nuevo inquilino toma contacto con la realidad. De modo expeditivo -y no siempre empleando las mejores maneras- los funcionarios le identifican y registran, y examinan sus pertenencias. Se le permite conservar aquellas que no estén prohibidas y que no entrañen un riesgo para la salud –objetos de culto, libros y notas, artículos de higiene personal, fotografías– quedando el resto  listadas y bajo custodia. Por supuesto, radios, teléfonos móviles y en general cualquier aparato que permita el contacto con el exterior queda requisado.


A continuación, se le conduce a la celda, que compartirá con otros internos. Los presos son agrupados según su nivel de peligrosidad, de sus características médicas y psicológicas, de si son o no reincidentes y de si se encuentran en prisión provisional o cumplen ya una condena en firme. La legislación prevé que la celda deberá contar al menos con 3 metros cuadrados por recluso. Sin embargo, a menudo el espacio por preso es sustancialmente menor. En cada celda suele haber cuatro personas, que se distribuyen en dos literas. Empero, no es excepcional que dicho número se supere, llegando a haber en ocasiones más de diez personas. Las celdas individuales, estándar en el sistema carcelario español, son reservadas para los internos peligrosos o en régimen de aislamiento.


En cada celda hay una pequeña instalación sanitaria con un lavabo y un inodoro sin puerta. Las duchas tienen lugar normalmente una vez a la semana. Hay tres comidas al día, al menos una de las cuales debe ser caliente. No son precisamente ejercicios de haute cuisine.


Sin embargo, por encima de la referente a la alimentación, la queja más generalizada entre los presos es la que concierne al modo en que pasan el tiempo. Al contrario de lo que ocurre en España, en Polonia es normal que los internos permanezcan recluidos veintitrés horas al día en la celda, dejándoseles una hora para caminar por un pequeño patio. Dado que la televisión o la radio son un privilegio que depende de que haya alguna disponible, el aburrimiento y la desesperación se convierten en el auténtico enemigo. 


Decenas de españoles e iberoamericanos cumplen condena en los penales polacos en la actualidad. Toda vez que se trata de una experiencia altamente prescindible, es recomendable, si alguna vez somos detenidos en Polonia, contar con la mejor asistencia letrada posible.

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Liquidando una sociedad en Polonia (publicado en Polska Viva, mayo de 2015)


La práctica totalidad de guías sobre “cómo hacer negocios en Polonia” que habitualmente publican bufetes y asociaciones incorporan el consabido epígrafe sobre los distintos modos de establecer una presencia legal en el país. Y dentro de estos, por ser a menudo la forma más ventajosa, suele hacerse hincapié en la manera de crear una sociedad de responsabilidad limitada. Empero, todo buen plan de negocio debe tener prevista una vía de salida si las cosas no marchan como en principio esperamos. Por ello, conviene arrojar algo de luz sobre una cuestión que -quizá por aquello de no generar malos augurios en el empresario incipiente- muchas guías omiten: cómo se cierra una empresa.


El proceso de liquidación de una sociedad coincide con la etapa final de su funcionamiento. Como sucede en el Derecho español, el legislador prevé una serie de casos en las que las sociedades deben ser liquidadas. Dichos casos son los siguientes: cuando así se haya previsto en los estatutos; en el momento en que lo decidan los socios en junta general; cuando se declare el concurso de acreedores, o bien en otras situaciones previstas por la ley (por ejemplo, cuando la sociedad vaya a ser absorbida u objeto de segregación).


Siempre con el objeto de salvaguardar en la medida de lo posible los derechos de los acreedores, la ley establece una serie de pasos a la hora de liquidar una sociedad: en primer lugar, los socios –o sus representantes- deberán adoptar la resolución de disolverla. Dicha resolución deberá tener forma de escritura notarial, y la primera consecuencia del otorgamiento será la obligación añadir la coletilla “en liquidación” al nombre de la entidad en cuestión.


La resolución, acompañada de no poca documentación anexa, deberá ser a continuación presentada al KRS, homónimo polaco de nuestro Registro Mercantil. Esta institución inscribirá la liquidación y la hará pública mediante un anuncio en su boletín oficial.


Además, en la resolución deberá designarse uno o varios liquidadores. Sólo estos podrán, desde ese momento, representar a la sociedad, perdiendo la capacidad de hacerlo los que hasta ese momento eran miembros del órgano de administración o apoderados. La función del liquidador no será la de continuar con las operaciones ordinarias de la sociedad –mucho menos emprender otras nuevas- sino, grosso modo, la de cobrar los créditos y liquidar las deudas de la misma. Para ello, el primer paso será la elaboración del llamado “balance de apertura” donde se recoge la situación financiera de la empresa. El balance deberá ser aprobado por la junta general de socios. Deberá igualmente comunicarse la liquidación a los acreedores de que la sociedad tenga conocimiento, de tal manera que en el plazo de tres meses, puedan presentar a cobro sus reclamaciones. Asimismo, en dicha fase se procederá a actualizar los datos relativos al IVA, impuesto de sociedades y a la Seguridad Social, de tal manera que las obligaciones correspondientes queden correctamente provistas. 


Una vez haya transcurrido un plazo de al menos seis meses, y se hayan cobrado los créditos y liquidado las deudas, se aprobará el llamado “balance de cierre”, quedando el remanente, si lo hubiera, a disposición de los socios en proporción a su participación en la sociedad. Sólo entonces podrá solicitarse al KRS la cancelación de la inscripción de la misma.


Así las cosas, conviene recordar dos puntos: primeramente, que ni es instantánea, ni es simple; y en segundo lugar, que se trata de una actividad obligatoria en los casos legalmente previstos, pudiendo su incumplimiento o cumplimiento defectuoso conllevar graves consecuencias. Es aconsejable, por tanto, recurrir a profesionales de acreditada experiencia.


 

 

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SGAE y ZAIKS ¿caminos paralelos? (Artículo publicado en Polska Viva, abril de 2015).

La expresión “déjà vu” (“ya visto”, en francés) hace referencia a la sensación de que una situación que se vive en la actualidad se ha experimentado ya en el pasado. Este curioso y a menudo inquietante fenómeno, que ha sido ampliamente estudiado por psicólogos y neurólogos de todo el mundo, resulta más común de lo que podría pensarse: algunos informes indican que aproximadamente el 60% de las personas lo ha sufrido al menos una vez en su vida. No obstante, casi con seguridad dicho porcentaje sería mayor si la muestra de tales estudios la  constituyéramos españoles que asistimos a la actualidad en Polonia. ¡En cuántas ocasiones las cosas que aquí suceden nos provocan un fuerte “déjà vu”!


Hace unos días leía acerca de ZAIKS, la organización que en Polonia se ocupa de gestionar los derechos de propiedad intelectual de los autores y creadores. La noticia en cuestión era la puesta en marcha de una campaña que, bajo el lema “nie płace za pałace” -“yo no pago palacios”- venía a denunciar lo que consideraba la excesiva voracidad de ZAIKS a la hora de recaudar tasas por derechos de autor, así como la preocupante falta de transparencia que podía apreciarse en gestión de dichos fondos. Como ejemplo de esto último se afirmaba que ZAIKS paga una media de 10.000 PLN al mes a sus aproximadamente quinientos empleados y que el derroche de la entidad llega hasta el punto de invertir parte de sus ingresos –de ahí el slogan- en la compra de palacios. Lo cierto es que, a pesar del sorprendente paralelismo –incluso en lo de los palacios-, las hazañas que los promotores atribuyen a ZAIKS palidecen al lado de las protagonizadas en los últimos años por nuestra SGAE. Los escándalos relacionados con dicha organización, desde que en 2011 la Audiencia Nacional comenzara a instruir el caso, parecen no tener fin: sueldos y pensiones exorbitantes para sus directivos, viajes de lujo, joyas y servicios sexuales cargados a dietas, desvío de ingentes cantidades de dinero de la organización a sus administradores a través de contratos falsos, nepotismo sin coto… Elementos todos ellos que han conferido a la SGAE el dudoso honor de ser, según las encuestas, la entidad con peor imagen entre los ciudadanos y que la han situado, a día de hoy, al borde de la disolución.


Al margen de consideraciones sobre la tendencia natural a la corrupción del poder o la lacra del clientelismo en los sistemas políticos partidistas, existe un elemento concreto común en las trayectorias de ZAIKS y SGAE que explica el fenómeno en no escasa medida. Se trata del llamado “canon por copia privada”, o más comúnmente “impuesto sobre la piratería”, es decir, la tasas con que se gravan los soportes de grabación (CDs vírgenes, memorias USB, discos duros y demás) y cuya recaudación va a parar –al menos en teoría- a los artistas y creadores en compensación por las pérdidas que les suponen las copias privadas del contenido. Dicha ocurrencia, con la que los políticos intentaron hacer frente al reto que las nuevas tecnologías suponen para la propiedad intelectual, viola los principios más elementales del Derecho al gravar hechos que pueden o no suceder. Nadie sabe si un CD va a ser utilizado para grabar el último disco de Los Planetas –improbable, quién querría escucharlo- o para archivar las fotos de las últimas vacaciones familiares.  Fuera como fuere, la aprobación de este impuesto trajo consigo el que de un día para otro, ambas organizaciones vieran sus ingresos multiplicados. Este inesperado “maná”, en un contexto de estructuras carentes de mecanismos de control adecuados, dio los resultados descritos.


El canon por copia privada fue suprimido en España –en gran medida como consecuencia de los escándalos descritos- a principios de 2012. En Polonia aún continúa vigente. A día de hoy, decenas de imputados, gestores de SGAE, esperan juicio en España.


¿Experimentaremos pronto, también en este asunto, un nuevo “déjà vu”?

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Indemnizaciones de guerra en Polonia (artículo publicado en Polska Viva, marzo de 2015)

El Castillo Real, una de las grandes atracciones que Varsovia ofrece a quienes la visitan, sorprende por la riqueza de su arte y de la historia que encierra. Sin embargo, lo que a menudo causa auténtica estupefacción a los turistas es enterarse de que, donde ahora se alza el espectacular edificio, hace 70 años apenas había un montón de escombros. En aquella época, Hitler tenía claro que no bastaba con conquistar Varsovia, sino que era necesario borrar cualquier vestigio de cultura polaca en un espacio físico que él consideraba clave para sus planes de expansión. Por tanto, dio instrucciones concretas de que la ciudad fuera convertida en un lago. Instrucciones estas que fueron obedecidas con germánica disciplina: más de diez mil edificios –mil de ellos de carácter histórico- amén de decenas de iglesias, escuelas y universidades fueron sistemáticamente dinamitadas o incendiadas. Se calcula que en esos días, más de un millón de personas perdieron todo su patrimonio. Verdaderamente, asusta pensar que pérdidas similares se produjeron en muchas otras zonas de Polonia y de Europa. Y llena de admiración el esfuerzo de reconstrucción realizado desde entonces.    


Menciono esto porque en las últimas semanas, y en el contexto de las negociaciones que el nuevo gobierno de Grecia mantiene con el llamado “Eurogrupo” –el conjunto de los ministros de Economía de los Estados que tienen el euro por moneda-  la controversia sobre las compensaciones por los daños ocasionados por el régimen nacionalsocialista ha recobrado vigencia. Los representantes helenos han amagado con la posibilidad de solicitar el abono de las reparaciones de guerra que, a su juicio, los alemanes les deben y que nunca les pagaron. Como si de un pisotón en el dedo gordo del pie de un gotoso se tratara, estos últimos han reaccionado afirmando que “hay cero posibilidades” de que dichas indemnizaciones sean pagadas, y que el asunto quedó definitivamente zanjado a través de un conjunto de acuerdos que datan de los años 60 y 90 del pasado siglo. Empero, no sólo Grecia se plantea la vigencia de dichas reclamaciones. Hace pocos meses, la primer ministro Ewa Kopacz sacó el tema durante un encuentro con Angela Merkel, quien, según parece, recibió entonces la idea con idéntico entusiasmo al mostrado ahora para con los griegos.  


Lo cierto es que la cuestión de las reparaciones por los daños ocasionados a Polonia, que podrían ascender según los últimos cálculos a 845.000 millones de dólares -dinero suficiente para fichar a 8.000 Cristianos Ronaldos- está lejos de ser indiscutida. El 23 de agosto de 1953 se firmó el llamado “Acuerdo de Londres sobre la deuda alemana”, que en su momento supuso un auténtico acicate para la recuperación de la economía germana. Mediante dicho tratado, diecinueve países -entre ellos España- acordaron una quita del 62,5% sobre la deuda que Alemania mantenía hacia ellos. Pues bien, ese mismo día, el Gobierno polaco realizó una declaración unilateral, en cuyo art. 5 podía leerse: “con el fin de contribuir al problema alemán, y reconociendo que Alemania ha afrontado ya en un grado importante sus obligaciones de reparación de guerra, el Gobierno polaco renuncia al pago de las indemnizaciones debidas a Polonia con fecha 1 de enero de 1954”. Las declaraciones unilaterales de los Estados son fuente de Derecho Internacional, y su obligatoriedad no se discute. Sin embargo, sí surgen dudas sobre si la citada renuncia afectaba a Alemania en su conjunto o sólo a la entonces llamada República Democrática Alemana, toda vez que la citada declaración se realizó en el contexto de otro instrumento -el llamado “Entendimiento URSS-RDA” de 23 de agosto 1953- y en estrecha relación con él. Surgen igualmente dudas sobre la legitimidad de la decisión de un gobierno polaco directamente influenciado por la URSS. También es controvertido el hecho de que una renuncia realizada por el Gobierno pueda o no obligar a los particulares afectados por los daños. Por ende, tampoco es pacífica la interpretación en el sentido expuesto de posteriores tratados como el de “Normalización de Relaciones de 1970”, el llamado “2+4” entre las dos Alemanias y las cuatro potencias vencedoras de la II Guerra Mundial, o el de “Buena Vecindad y Colaboración de 1991”, en el que se apoyan aquellos que entienden que las deudas están extinguidas.


Así las cosas, e independientemente de que las reclamaciones griegas y polacas puedan o no estar fundadas, lo cierto es que las probabilidades de que alguna vez transciendan del debate teórico y se traduzcan en pagos contantes y sonantes no parecen grandes. La actual Alemania es una gran potencia, y como a menudo sucede, tanto entre naciones como entre personas, la Política pone límite al Derecho.

Comprando una vivienda en Polonia, segunda parte (Artículo publicado en Polska Viva - febrero de 2015)

En nuestro anterior artículo llamábamos la atención sobre la predisposición natural a comprar inmuebles -en lugar de alquilarlos- que compartimos polacos y españoles. Una de las explicaciones de ello es que ambos países han atravesado en un pasado reciente épocas en las que el precio de la vivienda crecía de manera espectacular. A pesar de que dicha tendencia ha quedado atemperada en los últimos años, en nuestro subconsciente sigue anidando la opinión –no poco fundamentada, por otro lado- de que el ladrillo es una inversión rentable y segura.


Los expertos no son especialmente optimistas respecto a la previsión de subida de los precios de la vivienda en Polonia durante los próximos años, y pocos esperan ya que vuelvan las plusvalías que se generaron a finales de los noventa y principios de la primera década del nuevo siglo. No obstante, por diversos motivos, la compra de una vivienda sigue siendo una opción interesante. Si nos decidimos por ella, hay ciertas nociones que deberemos tener en cuenta.


Primeramente, tendremos que determinar si contamos con el dinero o si debemos buscar financiación. En el segundo caso, antes de lanzarse a la búsqueda de vivienda, quizá sea más conveniente empezar comprobando cuál es nuestra capacidad crediticia y qué espectro de precios está a nuestro alcance. Para ello, no sólo los bancos podrán asistirnos, sino también los asesores de las compañías independientes que se dedican a intermediar con ellos. Dado que sus honorarios corren por cuenta de los bancos con que colaboran, recurrir a sus servicios a menudo no implica un mayor coste para nosotros, y sí puede simplificarnos el proceso en no escasa medida.


Distintos de los asesores financieros son las agencias inmobiliarias, que cobran entre un 1,5 y un 3% de comisión neta sobre los precios de venta de los inmuebles en que intermedian. Aunque en principio dicha minuta la cubre el vendedor, inevitablemente el precio se verá influido por la intervención de aquellas. Por tanto, no conviene despreciar la posibilidad de tratar directamente con el vendedor, al que se puede localizar a través de los distintos portales de Internet en que los particulares anuncian sus inmuebles.


Una vez localizado el local, lo habitual es firmar un contrato preliminar de reserva (arras) en tanto se formaliza el préstamo hipotecario. Los bancos no son rápidos para analizar las operaciones, y la proverbial “meticulosidad” del administrativo polaco puede desembocar en que la operación se paralice durante semanas porque exista cualquier problema con cualquier documento menor. Así pues, será prioritario negociar con el vendedor un plazo de tiempo que no nos deje a los pies de los caballos si la decisión del banco tarda más de la cuenta en llegar. Un plazo mínimo de tres meses es recomendable, aunque si podemos extenderlo, miel sobre hojuelas. El contrato preliminar de reserva puede ser privado o público. En este último caso, será objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad (KW), lo que en la práctica impedirá que el vendedor firme otro contrato similar con otro comprador potencial.


Una vez contemos con la financiación, y comprobado el estado legal del inmueble, será el momento de firmar el contrato definitivo de compraventa, que, en este caso, siempre tendrá la forma de escritura notarial. Es una práctica habitual en Polonia, sorprendente para no pocos  españoles, que dicha escritura de compraventa se otorgue sin que el precio haya sido efectivamente pagado. La salvaguarda para el vendedor consiste habitualmente en la aplicación de un mecanismo, contenido en el art. 777 del Código del Procedimiento Civil polaco, que permite retrotraer la venta en virtud de un breve procedimiento legal ejecutivo ante el juzgado en caso de que el comprador no cumpla su obligación de pago.


Finalmente, tras el otorgamiento de la escritura de compraventa, el notario instará su inscripción en el Registro de la Propiedad. A partir de ese momento, y en el plazo de pocas semanas, el feliz comprador aparecerá como nuevo titular del inmueble.

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Comprando una vivienda en Polonia, primera parte. (Artículo publicado en Polska Viva diciembre 2014 - enero 2015

Si hubiera que clasificar a los distintos pueblos de Europa en dos grupos, uno formado por aquellos en los que impera la mentalidad del “comerciante/industrial”, y otro en el que predomina la del “campesino/terrateniente”, lo más seguro es que Polonia y España formasen parte de este último. A polacos y españoles nos gusta la tierra. O, en los últimos tiempos, su versión actualizada; es decir, el “ladrillo”. En eso somos diferentes a países como el Reino Unido o Alemania – no digamos ya EE.UU. – donde el valor de los bienes se mide principalmente por el “cash-flow” que generan, y que por tanto, son más proclives a invertir en industria o mercaderías. Esta característica, que seguramente hunda sus raíces en complejos motivos históricos y religiosos, tiene evidentes consecuencias en la práctica. Por ejemplo, más de un 80% de nuestros ciudadanos viven en su propia casa, en contraposición con otros europeos, que pueden transcurrir por este mundo de alquiler en alquiler, sin sentir la más mínima desazón al respecto.

 

Así las cosas, y como quiera que muchos españoles de los que viven en Polonia pueden  plantearse la posibilidad de adquirir una vivienda en Polonia, resulta conveniente presentar una somera explicación del aspecto legal de tal operación. En este artículo, nos centraremos en el ámbito registral.

 

Una vez hayamos encontrado un inmueble que nos interese, lo primero que debemos hacer es acceder al Registro de la Propiedad (en polaco “Księga Wieczysta”). Se trata de un registro administrado por el juzgado regional competente y de libre acceso al público, el que podremos averiguar una serie de datos de gran relevancia sobre la finca en cuestión. Dichos datos aparecen clasificados en distintas secciones:

 

La sección I contiene una descripción del inmueble: dónde se encuentra, cuántos metros cuadrados tiene, o cómo se distribuye. Puede suceder que haya una discrepancia entre dichas informaciones y el estado cierto del inmueble. En ese caso, deberemos comunicarlo al vendedor para que inste al Registro la corrección de los datos.

 

La sección II nos informará sobre el propietario. Lo normal será que aparezca el nombre del vendedor, sea este persona física o jurídica. Sin embargo, que el nombre sea distinto no significa necesariamente que nos encontremos ante un intento de fraude. A menudo la inscripción de una compra tarda varios meses en aparecer en el Registro, por lo que puede ser que todavía no se haya llevado a cabo la inscripción. Si ese es el caso, deberemos pedir al notario que vaya a encargarse de autorizar la escritura de compraventa que se dirija al Registro para comprobar si realmente el ahora vendedor ha solicitado la inscripción de la compra.

 

En la sección III se inscriben todos los derechos reales que puedan afectar al inmueble, con la excepción de las hipotecas. Aquí encontraremos referencias a las servidumbres, los derechos de adquisición preferente, o los célebres “usufructos perpetuos” (użytkowanie wieczyste) a las que pueda estar sujeta la vivienda. Podemos también encontrar anotaciones preventivas provenientes de precontratos de venta vigentes a la fecha. En ese último caso, lo más razonable será desistir de la compra.

 

Y por último, en la sección IV aparecen los derechos reales de hipoteca. Es decir, si el inmueble se ha usado como garantía hipotecaria de alguna deuda, aquí se inscribirá la cuantía de la misma, el nombre del beneficiario, y otros datos de relevancia. El hecho de que la vivienda garantice una deuda no significa que no pueda ser vendida. No obstante el comprador debe saber que si el deudor no pagase, el acreedor hipotecario podrá ejecutar la hipoteca y el nuevo dueño perderá la finca. Se trata, por tanto, de una cuestión de máxima importancia.

 

En general, la compra de una vivienda no es una actividad especialmente compleja, pero sí requiere tener claros una serie de conceptos sobre los que intentaremos arrojar luz en sucesivos artículos. Sin embargo, si queremos una máxima seguridad o no estamos completamente seguros sobre los pasos a seguir, lo más aconsejable es ponernos en manos de profesionales. A dichos efectos, una agencia inmobiliaria o un despacho de abogados podrán, sin duda, sernos de gran ayuda.

 

Nacionalismos en Europa: el derecho a decidir. (Artículo publicado en Polska Viva (octubre de 2014)


Por si no tuviera ya suficientes frentes abiertos, la UE parece estar atravesando en los últimos tiempos una dificultad añadida: la que constituyen las reivindicaciones de determinadas regiones que, con unos u otros argumentos, consideran la posibilidad de convertirse en Estados independientes. Escocia, Cataluña, Baviera, Cerdeña o Flandes son quizá las más mediáticamente presentes a día de hoy, pero lo cierto es que pocos países son ajenos a esta cuestión. Incluso Polonia, país en el que es evidente la presencia de un fuerte sentimiento de identidad nacional, tiene su pequeña china en el zapato con Silesia.


Siendo la UE una organización cuya simple supervivencia exige que se realicen constantes avances en el grado de integración de sus miembros, la creciente presencia de estos separatismos no carece de importancia. También en el seno de la ciudadanía se habla de esta cuestión. El problema es que, siendo como es un asunto que afecta a las entrañas en tanta medida como lo hace a la cabeza, el debate está a menudo trufado de argumentos tramposos, medias verdades y discutibles justificaciones, de carácter histórico, jurídico, político y scooby-doobi-doo. Ello atañe tanto a partidarios de los nacionalismos como a sus detractores.


Por poner un ejemplo, hace algunos días nos desayunábamos con las declaraciones de un famoso deportista español, que se manifestaba a favor de la celebración de un referéndum sobre la permanencia de Cataluña en España. “Todo el mundo tiene derecho a decidir”, explicó, en lo que alguien podría calificar de ejemplo palmario de sofisma. Y es que, dicho así, ¿quién podría sostener lo contrario? ¿Quién se atrevería a posicionarse contra “la libertad de elegir” formulada en términos tan abstractos?


Claro que, puestos a pensar… si una región tiene derecho a separarse de un Estado, ¿tendría una ciudad derecho a separarse de una región? Por esa regla de tres, ¿una vivienda podría segregarse unilateralmente de una comunidad de vecinos? ¿Dónde, por tanto, se encuentra el límite -si es que existe- a ese “derecho a decidir”?


El Derecho Internacional, parte de la ciencia jurídica que, entre otras cosas, estudia las normas que regulan las relaciones entre Estados, nos da una respuesta a esa pregunta. Lo hace mediante el concepto, siempre presente en el debate, de “autodeterminación”. El llamado “derecho a la autodeterminación” tiene orígenes filosóficos y políticos antiguos, pero su aparición en tanto que figura legal tiene una fecha clara: el 14 de diciembre de 1960. Ese día, la Asamblea General de la ONU aprobaba una Resolución, la 1514, que lo definía como el derecho de los territorios coloniales –aquellos que en el pasado habían estado tutelados por imperios- a constituirse en Estados. Para ello, debían cumplir dos requisitos: primero, que el pueblo en cuestión no hubiera contado hasta entonces con gobierno propio. Y segundo, que habitase en un territorio separado geográficamente del país que lo administrara. Posteriormente, ese derecho, que en efecto ejercieron muchas naciones de Asia y África, se hizo extensivo a todos los pueblos, no sólo a los coloniales.


No obstante, también se establecieron límites a esa facultad. Así, la citada Resolución 1514 declaraba ilegal la aplicación del principio de determinación cuando se usara con el fin de quebrantar la unidad nacional y la integridad territorial de un país. Del mismo modo, otra Resolución posterior -la 2625- establecía que la autodeterminación de una región pudiera considerarse satisfecha en el momento en que un pueblo, aun encontrándose en el seno de un Estado, contara con un gobierno autónomo que represente a la totalidad -sin distinción por motivos de raza, credo o color- de sus miembros.


Evidentemente, no faltan personas que consideran que esta visión está desfasada, y que no da suficiente respuesta a los retos que el fenómeno de los nacionalismos trae consigo.  Sin embargo, esos y no otros son los límites legales a día de hoy. Próximamente veremos si esas corrientes, tan presentes en estos tiempos, tienen o no la fuerza suficiente para modificarlos.

 

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¿Quién vigila al vigilante? (Artículo publicado en Polska Viva, septiembre de 2014)

Quis custodiet ipsos custodes? se preguntaba el poeta latino Décimo Juvenal. Dos milenios después, la respuesta sigue sin estar clara. Ya desde el surgimiento de las primeras comunidades humanas, el Derecho ha tratado de evitar que las personas recurrieran a la violencia para solucionar sus diferencias. Tal es la importancia de dicha función que muchos autores - desde Platón hasta Max Weber- ligan indisolublemente el concepto de Estado a la concurrencia del llamado “monopolio de la violencia”, de tal modo que consideran que, sin el segundo, el primero no puede existir.


Grosso modo, el “uso legítimo de la violencia” es el principio por el que, en caso de conflicto,  los ciudadanos renunciamos a tomarnos la justicia por nuestra mano, y nos sometemos a una entidad superior –en nuestro caso el Estado- al que reconocemos la facultad de ejercer la violencia para que así pueda proteger nuestros derechos eficazmente. Así pues, armamos y reconocemos la autoridad de nuestras fuerzas públicas -policía, militares- en la confianza de que utilizarán ese poder para proteger la ley.

 

Pero ¿qué sucede cuando las fuerzas públicas abusan de dicha confianza? ¿Quién vigila entonces al vigilante?

 

Szczecinek, Pomerania Occidental. Noche del 3 de octubre de 2014. Dos varones de aproximadamente veinte años se encuentran en un parque. Hacen ruido y un vecino avisa a la Policía Municipal (Straż Miejska). Dos agentes del cuerpo se personan en el lugar y solicitan la documentación a los chicos. Uno de ellos no la lleva consigo. Los agentes rellenan un documento y le exigen que lo firme. Ante la negativa del joven, la emprenden a golpes con él. Emplean asimismo espráis de gas pimienta, causándole graves lesiones. Toda la escena queda registrada en el teléfono móvil de la víctima.

 

Cartagena, Murcia. 5 de octubre de 2014. Seis jóvenes miembros del Cuerpo Nacional de Policía son detenidos por su relación con la muerte de un hombre cuyo cuerpo apareció, con evidentes signos de violencia, flotando cerca de la playa. De la consiguiente  investigación se desprende que, justo antes de desaparecer, el hombre había llamado a la Policía. Sus vecinos le acusaban de haberles robado una bicicleta, y temía represalias. Los seis agentes se presentaron en su casa, y le hicieron subir al coche patrulla, conduciéndolo a continuación al puerto. Fue la última vez que se le vio con vida.

 

Independientemente de las graves consecuencias que ambos hechos deberán acarrear a sus autores, y de que estos o parecidos casos constituyan excepciones, y no deban por tanto  empañar el buen trabajo que en general realizan las fuerzas de seguridad, lo cierto es que ningún ciudadano está nunca totalmente a salvo del uso arbitrario de la fuerza. Esto aplica igualmente a vigilantes privados, porteros de salas de fiesta y similares, cuyas extralimitaciones no son, por desgracia, infrecuentes. Por tanto, si en alguna ocasión nos encontráramos en un caso similar, conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones.


En primer lugar, nuestra integridad corporal es siempre prioritaria. Por ello, debe evitarse la confrontación directa con los agresores, no cayendo en las provocaciones que puedan mediar. Debemos mantenernos, en la medida de lo posible, a distancia física de ellos. Es buena idea acercarse a donde se encuentren otras personas. Su presencia puede tener un importante efecto disuasorio y, en cualquier caso, podrán testificar en el futuro.

 

En principio, el ciudadano tiene derecho a que los agentes se identifiquen. No obstante, si la situación está tan fuera de control que dicha petición puede suponer un riesgo añadido, es recomendable tomar nota mental de todos los detalles posibles: apariencia física de los agresores, su número, matrícula del vehículo, etc… cualquier cosa que nos ayude a identificarlos posteriormente.

 

Si se nos tratase de obligar a firmar algún documento, puede escribirse “no conforme” en el mismo. Incluso en un idioma diferente al de las personas que nos hostigan. Cualquier cosa podrá ayudar para demostrar en el futuro que el documento se firmó bajo coacción. En general, si ello es posible, es muy recomendable constituir pruebas de lo que está sucediendo. Grabar un vídeo con el teléfono móvil, tomar los datos de las personas que lo hayan presenciado, etc…

 

Por último, una vez fuera de peligro, el hecho debe ponerse inmediatamente en conocimiento de las autoridades. Para ello, es muy conveniente contar con asistencia letrada de garantía. Nuestro abogado, ya sea de oficio o privado, será siempre el mejor garante de nuestros intereses.

Negociando contra una aseguradora (artículo publicado en Polska Viva, julio de 2014)

Varés & Asociados Abogados en Polonia

Si después de casi quince años en el mundo de la abogacía, alguien me pidiera que preparara una clasificación con los tipos de compañías más carentes de escrúpulos que uno puede encontrarse en el ejercicio de la profesión, probablemente situaría a las aseguradoras en el “top five” de la lista. Se trata de empresas cuya actividad consiste en cubrir determinados riesgos económicamente cuantificables a cambio de un precio que se denomina “prima”. Su papel es de gran importancia en nuestra sociedad, ya que contribuyen a proporcionar a las personas y empresas la seguridad que necesitan para poder interactuar y, en consecuencia, generar beneficio.

 

Dicho esto, a pesar de su función social, y de la cercanía y humanidad que estas empresas suelen intentar transmitir mediante su publicidad, lo cierto es que hablamos de grandes corporaciones donde la maximización del beneficio es el principal objetivo. Ello por encima de los intereses de sus clientes, e independientemente de las dificultades personales que estos puedan estar atravesando.

 

Así pues, si en algún momento nos vemos en la necesidad de entrar en contacto con una aseguradora para, por ejemplo, reclamarle una indemnización por algún daño, ya sea personal o material, debemos saber cómo actuar. En primer lugar, hemos de leer la letra pequeña de la póliza –el documento en el que se plasma el contrato de seguro- y comprobar hasta dónde llega la cobertura contratada, y si aplica al caso que nos ocupa.

 

Si entendemos que el riesgo está cubierto, el paso siguiente será tomar conciencia de la cantidad a la que podemos tener derecho como consecuencia del siniestro de que se trate. Para eso, necesitaremos reunir toda la documentación que acredite el daño y confrontarla con normas tales como los baremos que anualmente publica en España la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economía y Competitividad) o los que en Polonia elabora el ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społezcnych).

 

Una vez hayamos perfilado una cifra, y antes de instar su reclamación judicial, merece la pena intentar una negociación con la aseguradora. Una solución “amistosa” en principio conviene a ambas partes: al reclamante por cuanto le supone un ahorro de tiempo el no tener que llegar a juicio, y a la compañía, que evita de esa manera un riesgo al que por naturaleza, es alérgica. Como quiera que nos enfrentamos a profesionales que dedican mucho tiempo y dinero a investigar maneras efectivas de hacer valer sus intereses sobre los nuestros, merece la pena tener en cuenta estos tres consejos básicos:

 

Primero: nunca aceptar la primera cifra que la aseguradora ofrece. Está comprobado que aproximadamente un 70% de los reclamantes se conforma con la primera oferta, que suele estar muy por debajo de lo que puede conseguirse. Es recomendable empezar la negociación reclamando una cantidad un 50% superior a aquella que

esperemos conseguir.

 

En segundo lugar, ser persistente en la reclamación. Las aseguradoras saben que la paciencia y el ímpetu del reclamante se van diluyendo con el tiempo. Por ello, son tendentes a “dar largas”. “La persona encargada está reunida” o “estoy a la espera de instrucciones de la dirección” son excusas que los responsables de las compañías a menudo emplean para ir alargando los plazos. No bajemos los brazos y perseveremos. Conviene ir anotando las fechas de las conversaciones, y resumir lo tratado en cada una de ellas.

 

Y por último, no tener miedo a ir a juicio. Dependiendo de la naturaleza del daño y de la cuantía de la reclamación, el proceso puede suponer unas tres o cuatro ofertas y contraofertas. Si, tras agotar la negociación, la cifra obtenida sigue por debajo de nuestras expectativas realistas, los tribunales son una buena alternativa, ya que borran de un plumazo la desventaja fáctica desde la que siempre partimos al enfrentarnos con un “mastodonte”.

 

En cualquier caso, y máxime si se trata de reclamaciones internacionales, es siempre recomendable contar con la asistencia de expertos. A estos efectos, una compañía especializada en reclamaciones o un despacho de abogados solvente puede resultar un elemento clave a la hora de poner una solución exitosa al asunto.

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Extradición, Unión Europea y Derechos Humanos. (Artículo publicado en Polska Viva de junio 2014)

Varés & Asociados | Abogados en Polonia | Adwokaci w Hiszpanii

Entre otras muchas, España y Polonia comparten la característica de ser países frontera de la UE. Ello, unido a las peculiaridades económicas y sociales de los países con los que limitan, hace que en ambas naciones exista una intensa actividad en el ámbito del Derecho Penal Internacional, es decir, de la rama del Derecho que regula los delitos y las penas que acarrean, cuando los mismos incumben a más de un Estado.

 

El problema de la internacionalidad en la persecución del crimen viene de antiguo. Es una reacción natural de aquellas personas que han cometido un delito intentar evitar sus consecuencias poniéndose fuera del alcance de la autoridad. Durante siglos, la salida más fácil fue “acogerse a sagrado” o, según la expresión que ha llegado a nuestros días, “llamarse a andana”. Ello consistía en que, después de cometer el desaguisado, el autor corriera a refugiarse en la primera iglesia o monasterio que encontrara, beneficiándose así de la protección que estos dispensaban a los perseguidos por la Justicia. Una vez allí dentro, el infractor aguantaba tanto tiempo como el que tardaran los perseguidores en cansarse de esperar.

 

Sin embargo, una opción todavía más efectiva era, simplemente, la de abandonar el país. Por ello, no pasó mucho tiempo antes de que los Estados empezaran a pensar en fórmulas para evitar ser burlados. Nació así una institución fundamental dentro del Derecho Penal Internacional: la extradición. Se trata del procedimiento por el que una persona acusada o condenada por un delito en un Estado que es detenida en otro Estado diferente, es devuelta al primero para que pueda ser juzgada o para que cumpla la pena ya impuesta.

 

La extradición es una figura compleja desde el punto de vista jurídico: ya desde una primera reflexión surge de manera natural una serie de interesantes cuestiones. Por ejemplo: ¿qué pasa cuando un país reclama la extradición de un sujeto para castigarle por crímenes políticos? ¿Debe un país extraditar a uno de sus nacionales cuando lo reclame otro Estado? ¿Puede un Estado de la UE conceder la extradición de una persona si anteriormente otro Estado miembro, en base a los mismos hechos, la hubiera denegado?

 

En los últimos meses nuestro despacho ha intervenido en un apasionante asunto que se ha desarrollado en España ante la Audiencia Nacional y cuya resolución ha servido para dar respuesta a alguna de estas preguntas. Nuestro cliente, un ciudadano polaco de origen bielorruso, fue detenido mientras se encontraba de vacaciones en España. La orden de detención internacional había sido cursada por la República de Bielorrusia, que le reclamaba para el cumplimiento de una larga condena de prisión por lo que, teóricamente, era un delito societario. Sin embargo, la verdadera motivación de Bielorrusia -que como es sabido, es un régimen presidencialista de rasgo dictatorial- era castigar al reclamado por las actividades de oposición política que este había desarrollado en su juventud, cuando aún residía en su país de origen. Para completar el cuadro, ha de tenerse en cuenta que con anterioridad Bielorrusia había solicitado la extradición a Polonia, quien la había denegado por considerar que concurrían elementos de persecución política.

 

Así las cosas, la estrategia de defensa elaborada por el despacho se basó en cuatro puntos: primeramente, en virtud del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, España debería acatar la decisión previa del tribunal polaco. Segunda idea: si España no extradita a sus nacionales, extraditar a un ciudadano de un país de la UE supondría una violación del principio de no discriminación contenido en el Tratado de Funcionamiento de la UE. En tercer lugar, existían elementos evidentes que hacían pensar que la extradición, teóricamente motivada por un delito societario, respondía en realidad a una persecución política. Y por último, el hecho de que las prisiones de Bielorrusia -flagrante incumplidor de las obligaciones más básicas de respeto a los Derechos Humanos- presenten condiciones infrahumanas.

 

Nos llevaría muchas páginas desarrollar la decisión que, recientemente, puso fin al procedimiento, así que baste saber que la historia tuvo final feliz. La Audiencia Nacional escuchó (algunos de) nuestros argumentos, el reclamado no fue extraditado y pudo volver a casa con su familia. Así, otras personas que en el futuro se encuentren en una situación similar, lo tendrán más fácil.

 

Una última cosa: aquellos de nuestros lectores que tengan curiosidad por saber en qué se basó exactamente la Audiencia para denegar la extradición pueden acceder al texto íntegro en la sección “novedades jurídicas” de nuestra web www.abogadosenpolonia.com.

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Escrito extradicional.
Escrito por el que se solicita motivadamente la denegación de la extradición.
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Auto de denegación de la extradición.
Resolución de la Audiencia Nacional de 5 de mayo de 2014 por la que se deniega la extradición solicitada por la República de Bielorrusia.
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