Sustracción de menores en Polonia: se avecinan buenos cambios.

 

Aquellos padres -independientemente de su país de origen- que han tenido la desgracia de ver cómo sus hijos eran sustraídos de su lugar de residencia habitual y llevados a Polonia por el otro progenitor habrán podido comprobar la muy defectuosa aplicación que del Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 1980 han venido haciendo las autoridades judiciales polacas: retrasos de años en procedimientos que no deberían superar las seis semanas, problemas para obtener un derecho de visitas a los menores en tanto se sustancia el procedimiento o abracadabrantes sentencias casi siempre a favor de su propio nacional han venido siendo la lamentable tónica habitual en estos casos.

 

Sin embargo, estas prácticas pueden tener los meses contados: parece que el Gobierno polaco, preocupado por el negativo impacto que las mismas tienen sobre la reputación internacional del país, finalmente ha decidido tomar cartas en el asunto. Así, el pasado 26 de enero se aprobó la “Ley de ejecución de medidas del órgano central en asuntos legales familiares basados en derecho de la Unión Europea y en tratados internacionales” (ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych), que entrará en vigor el próximo 27 de agosto.

 

Una de las premisas de la nueva ley es la búsqueda de una mayor conformidad de las sentencias emitidas con la letra del Convenio. Hasta la fecha, uno de los principales problemas con que se encontraban los demandantes de retorno de menores sustraídos era la duración –hablamos de años- de un procedimiento que, como se ha indicado, no debe extenderse más allá de las seis semanas desde su inicio (art. 11). El primer efecto de este inconcebible alargamiento de los plazos por parte de los jueces encargados –permitida por la desidia de sus órganos de control- es que, al permitir el transcurso de ese tiempo, los menores acaban desarraigándose de sus países de origen, y estableciendo vínculos con su nuevo lugar de residencia. Esa circunstancia es a continuación aprovechada por los sustractores para argumentar que un eventual retorno al Estado de origen podría suponer un riesgo para la salud psíquica del menor (art. 13b del Convenio). Este mecanismo perverso es la causa de que entre el 85 y el 90% de las solicitudes de devolución de menores a Polonia sean rechazadas. Ahora, la Ley de 26 de enero viene a modificar el art. 569 párrafo 2 de la Ley de enjuiciamiento civil polaca en el sentido de establecer específicamente que los Juzgados de Distrito tendrán un plazo de seis semanas desde la presentación de la solicitud para decretar el retorno. El plazo para resolver una apelación a dicha resolución tampoco podrá superar las seis semanas.

 

Otra de las fallas evidentes en la aplicación por Polonia del Convenio de La Haya es la falta de especialización y formación de los jueces. Cualquier letrado que se haya dedicado al Derecho de familia en Polonia habrá podido observar la inercia mecánica -veinte años divorciando a gente todos los días pueden efectivamente hacer perder la perspectiva a cualquiera-. con la que se desempeñan muchos jueces y magistrados de dicha materia. De tal modo, sucede que cuando se asigna a un juzgado un asunto tan urgente como la sustracción internacional de un menor, casi siempre los jueces los “echan al montón” con el resto de casos, y los tratan como uno más. La Ley de 26 de enero de 2018 quiere terminar con esto, agilizando los procedimientos al establecer un mayor grado de especialización en los órganos judiciales competentes en este tipo de casos. Así, tras su entrada en vigor, los juzgados de primera instancia serán los regionales (no los de distrito como hasta la fecha), y los de segunda, el Tribunal de Apelaciones de Varsovia. Asimismo, se prevé que los jueces encargados reciban cursos de capacitación que les permitan una mejor aplicación del Convenio

 

Por último, se designa como órgano central a efectos de lo previsto en el Convenio al Ministerio de Justicia, que deberá actuar con prontitud y diligencia. Asimismo, la ley prevé una ampliación de las competencias de la policía de cara a la localización de los menores secuestrados.

 

Aunque la entrada en vigor de esta norma no podrá ya reparar el enorme daño causado a progenitores de todo el mundo que se han visto perjudicados por la mala aplicación que del Convenio han venido haciendo los órganos judiciales polacos, sí permite albergar mayores esperanzas a aquellos que deban enfrentarse a tan terrible situación en el futuro próximo.

 


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