Tasas judiciales en España y en Polonia. (Artículo publicado en Polska Viva de mayo de 2014)

Muchas son las ingratas novedades con las que los políticos, independientemente de su signo, obsequian cada semana al sufrido ciudadano. Tantas que aquel, inmerso como está en sus problemas cotidianos, a menudo se limita a recibir el siguiente palo en su castigada espalda sin apenas protesta alguna. Sin embargo, no debemos confundirnos: dentro de los desmanes, hay grados. Y quizá uno de los más importantes de los últimos tiempos, por constituir un auténtico torpedo en la línea de flotación de los derechos del ciudadano es la instauración y el mantenimiento de las llamadas “tasas judiciales”, es decir, los pagos que deben realizarse a la administración de justicia para que esta desempeñe su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

 

No cabe duda de que el buen funcionamiento de un Estado se basa en que su sistema judicial actúe correctamente, ya que sólo desde esa confianza pueden realizarse las actividades que dan sentido a la sociedad. Tampoco es un secreto que ni España ni Polonia se caracterizan por contar con un sistema judicial especialmente eficiente. Lo cierto es que, a pesar del esfuerzo ingente que jueces y secretarios judiciales llevan a cabo, los resultados son insatisfactorios, principalmente por la lentitud de los procedimientos.

 

Así las cosas, y como en cualquier sistema sobrecargado, se plantean dos opciones: o bien dotar al mismo de más medios y mejor organización, o bien reducir el número de personas que acceden al mismo. Teniendo los políticos que tenemos, y dado que la primera de las opciones les habría exigido un esfuerzo de liderazgo, creatividad y capacidad de aunar voluntades, ha triunfado la segunda: disuadir al usuario mediante el cobro de una tasa por el inicio de un procedimiento judicial.

 

El importe de las citadas tasas varía dependiendo del tipo de asunto de que se trate, pero en cualquier caso, está lejos de ser simbólico: así, en un procedimiento ordinario por la vía civil, un juzgado polaco cobrará el 5% del valor del pleito. Por un proceso similar, su homólogo español exigirá un fijo de 300 EUR más un 0,1 % de la cuantía si el demandante es una persona física y un 0,5% si se trata de una persona jurídica. Cantidades que, a menudo, hacen que el ofendido deba replantearse si merece la pena pedir justicia.

 

Aquellos que defienden este sistema argumentan que el dinero recaudado de esa manera permite mejorar el acceso a la justicia gratuita para aquellas personas cuya situación económica no les permite costearse un abogado, y que además, la litigiosidad –es decir, el volumen de asuntos que llegan al juzgado- desciende significativamente. Dejando de lado lo criticable que resulta considerar un éxito el hecho de que a igual número de controversias, menos de ellas lleguen a resolverse por la vía judicial, lo cierto es que la práctica demuestra que las tasas en nada han contribuido a mejorar el funcionamiento de la Justicia. Los procesos siguen sufriendo dilaciones indebidas, y las capacidades de ejecución efectiva de las sentencias condenatorias en absoluto parecen haber variado.

 

Si bien el mecanismo de las tasas es -aún con sus especialidades- similar en España y en Polonia, llama la atención la diferente reacción que su existencia ha producido entre los profesionales del Derecho. Así, mientras que en España la instauración de las tasas ha provocado la oposición de la mayor parte de los partidos políticos, la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad y una airada reacción por parte de jueces, abogados y procuradores que han tenido como efecto una sustancial rebaja respecto a las originariamente previstas, en Polonia -y quizá porque su existencia cuenta ya con gran tradición- se toma con mayor naturalidad, siendo escasas son las voces que se manifiestan en contra. Ello a pesar de la evidencia del efecto perverso: entorpecer, e incluso impedir, el acceso a la Justicia a los más desfavorecidos.

 

En definitiva, en un sistema híper-regulado y súper-politizado, es responsabilidad de los ciudadanos permanecer en alerta frente a todo tipo de acciones que puedan poner en peligro sus derechos. Consecuentemente, cualquier decisión que le dificulte el acceso a juez justo, independiente e inamovible, supone una desprotección frente al poder, y debe ser contestada con rotundidad. No olvidemos que, como dijo Thomas Jefferson, “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”.

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