Sustracción de menores entre Espana y Polonia.

Artículo publicado en Polska Viva, enero de 2014. 

 

Uno de los colectivos profesionales que mejor remonta la temida “cuesta de enero” es el de los abogados de familia, por cuanto, como muchos de nuestros lectores podrán intuir, la Navidad y el año nuevo son estadísticamente las fechas más propicias para rupturas matrimoniales y de pareja. Ello es especialmente cierto en el caso de las que algún jurista ha denominado “parejas de alto riesgo”, es decir, matrimonios que, como los hispano-polacos, están formados por personas de distinta nacionalidad y distinta cultura.

 

La cuestión se complica significativamente si dichas personas tienen hijos comunes, ya que no siempre está claro a cuál de los miembros de la pareja acompañarán estos en su recién recobrada soltería. Quizá el caso más problemático y desesperante para aquellos que lo sufren sea el de la sustracción internacional de menores.  

 

La sustracción o secuestro internacional de menores se produce cuando un sujeto traslada a un menor de un país a otro con infracción de las disposiciones legales. El caso más común en la práctica -no el único- es aquel en el que uno de  los progenitores, al que se le ha reconocido un derecho de visita, aprovecha tal periodo para sustraer al menor y llevárselo a su país, donde intentará obtener el derecho de custodia al objeto de dar cobertura legal al secuestro. De ahí que sea también denominado “legal kidnapping”, es decir, “secuestro legal”.

 

El número de secuestros internacionales de menores ha experimentado un enorme crecimiento a nivel mundial durante los últimos años, y el fenómeno se ha convertido en un asunto mayoritariamente femenino, ya que más del 70% de las sustracciones las llevan a cabo mujeres. Y, a juzgar por la cantidad de este tipo de asuntos que nos entran en el despacho, también en el ámbito hispano-polaco encontramos una evolución cuantitativa similar. Por ello, no viene mal trasladar alguna noción sobre la manera en que la Ley enfrenta esta delicada cuestión.

 

Siendo tanto Polonia como España miembros de la UE, resultan especialmente importantes a estos efectos dos normas: el Convenio de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y el Reglamento 2201/2003 de la UE, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

 

Grosso modo, la combinación de ambas normas configura un régimen mediante el que se intenta garantizar el retorno del menor ilegalmente abducido en el más breve plazo posible y que limita las causas en las que los tribunales del Estado donde el menor haya ido a parar pueden denegar el retorno a cuatro. A saber: que el traslado del menor haya sido consentido o que no se hubiera estado ejerciendo de hecho la custodia en el país de origen; que el menor que ha alcanzado una suficiente edad y madurez se oponga a su retorno; que la restitución del menor vaya a suponer una violación de las disposiciones de Derechos Humanos del Estado que juzga (motivo por tanto no aplicable entre España y Polonia, que cumplen perfectamente sus obligaciones en ese sentido) y por último, que la vuelta del menos vaya a exponerlo a un daño físico o psíquico grave, o a colocarlo en una situación intolerable. Además, se prevé un plazo de un año para instar la acción de restitución, por lo que, si vence ese plazo, y se demuestra que el menor está integrado en su nuevo ambiente, el juez del país de destino podrá igualmente denegar el retorno.

 

Por tanto, en la práctica, para ganar este tipo de procesos deberemos centrarnos en acreditar la concurrencia –o la no concurrencia, en su caso- de las citadas circunstancias, siempre teniendo en cuenta dos cosas: que a menudo los jueces, como los árbitros de fútbol, tienden a ser “caseros” en sus decisiones, y que corremos contra el reloj (o a favor): cuanto más tiempo consuma el procedimiento, más posibilidades hay de que el menor se integre en su nuevo destino.     

 

Por último, algo importante a estos efectos es la vertiente penal del fenómeno: mientras que el Código Penal español (art. 225 bis) castiga la sustracción internacional de menores con prisión de tres a cuatro años e inhabilitación para la patria potestad de siete a diez años, en Polonia se trata de un comportamiento que, de momento, no está penado.

 

En resumen, se trata de un asunto altamente complejo, donde a la dificultad inherente a los casos de Derecho Internacional Privado hay que añadir multitud de factores no estrictamente jurídicos que pueden decantar el resultado en uno u otro sentido. Por todo ello, contar con una asistencia legal de plenas garantías se convierte en una cuestión fundamental.

 

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